Los tres acusados de la muerte de un trabajador en accidente laboral en 2007 en La Cistérniga (Valladolid), los dos socios y coadministradores de Orcasa S.L. y el aparejador y coordinador de seguridad de la obra, han coincidido al derivar hacia los escayolistas la posible culpa del siniestro, ya que, como así han barajado hoy en el juicio, fueron quienes debieron retirar uno de los dos puntales de sujeción del montacargas que cayó por el hueco del ascensor desde la tercera planta y que provocó la caída mortal del operario.

Al menos, esa es la hipótesis que han manejado Miguel C.N. y Jacinto O.P, ambos socios de la constructora Orcasa, y el aparejador y responsable de seguridad del edificio levantado en el número 3 de la calle Nueva de La Cistérniga, Salvador M, quienes han compartido hoy banquillo en el Juzgado de lo Penal 4 y se encuentran expuestos a penas de entre cuatro y cinco años por un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores, además de al pago, de forma conjunta y solidaria, de indemnizaciones entre los 155.000 y los 292.000 euros y a su inhabilitación profesional por espacio de entre tres y cuatro años y medio.

En el caso de los dos socios, en declaraciones recogidas por Europa Press, ambos han explicado que todo lo relativo al área de seguridad lo llevaba su compañero de banquillo, el aparejador Salvador M, que fue quien redactó el Plan de Seguridad, y han mantenido que todos los huecos de la escalera estaban protegidos por pies de andamio colocados a modo de barandilla, a excepción del existente en la tercera planta por donde se precipitó el operario, donde por falta de espacio se había instalado un tablero de madera en forma de aspa, sistema que, según han precisado, evitaba también cualquier caída.

Sobre el montacargas o maquinillo que cayó por el hueco del ascensor desde aquella tercera planta, arrastrando posiblemente a la víctima, los dos responsables de la empresa han asegurado que dicho elevador se encontraba anclado con dos puntales dispuestos entre el suelo y el techo, a pesar de que en el Plan de Seguridad se indicaba expresamente que tenía que ir sujeto al forjado con unas presillas o arandelas, y han coincidido al señalar que una de esas barras tuvieron que retirarla necesariamente días antes del siniestro los escayolistas.

"Después de tantos años, sinceramente he llegado a la conclusión de que uno de los dos puntales fue retirado, necesariamente, para poner la escayola del techo", ha insistido Miguel C.N, quien, siguiendo en el terreno de las conjeturas, baraja la posibilidad de que el fallecido, Miguel P.S, de 45 años y que dejó viuda y una niña de 4 años, subió ese día a la tercera planta para hablar por teléfono, tropezó y al agarrarse al maquinillo, que tenía tan sólo un puntal, hizo que volcara y cayeran ambos por el hueco del ascensor.

Trabajador "clandestino" y sin formación

Con independencia de esta versión exculpatoria, Miguel C.N. y su socio y arquitecto de la obra, Jacinto O.P, han confesado que el Plan de Seguridad no había sido presentado en la Oficina Territorial de Trabajo, con lo que la Inspección no acudió nunca al tajo porque desconocía la existencia del mismo, y, lo más grave, que el trabajador fallecido era "clandestino", como así lo ha calificado el Ministerio Fiscal, ya que no estaba dado de alta en la Seguridad Social, y ello pese a llevar con ellos cerca de cuatro años, tal y como mantiene la viuda, aunque los acusados cifren dicha vinculación en unos seis meses.

En este sentido, Miguel C.N, quien ha negado que fuera el encargado de la obra y ha limitado su función a subcontratar los trabajos, ha declarado que cogió a la víctima "por hacerla un favor" y ha asegurado que en un momento dado quiso darle de alta, aunque no ha precisado por qué no llegó a hacerlo.

También ha reconocido que el fallecido no recibió formación alguna en materia de seguridad, aunque ha justificado tal circunstancia en que "su labor era esporádica y no entrañaba riesgo alguno ya que tan sólo se limitaba a abrir y cerrar la obra, apagar las luces o realizar algún recado".

Por su parte, el encargado de la seguridad y aparejador, Salvador M, al que los dos anteriores atribuyen la responsabilidad en la materia, ha declarado que la última vez que acudió al tajo fue seis meses antes del accidente, ausencia que ha achacado a su creencia de que la obra permanecía paralizada.

"Es una obra muy irregular, con muchos parones", ha indicado el imputado, a pesar de que los otros dos acusados han negado que el edificio sufriera interrupción alguna y le situaran en el escenario del siniestro, como mínimo, un mes antes de que se produjera el mismo.