La Fiscalía está investigando más de mil casos de niños robados durante el franquismo y los primeros años de la democracia en España, según ha señalado el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, quien ha reconocido que las pesquisas son "muy complicadas" debido a la antigüedad de las pruebas y al hecho de que cada expediente tiene una naturaleza "muy distinta".

Así lo ha puesto de manifiesto en declaraciones a los medios antes de comenzar la Junta de Fiscales Superiores celebrada en el hotel Meliá Victoria de Palma, donde ha apuntado que hasta el momento se ha llevado a cabo tanto el interrogatorio de imputados como pruebas de ADN y exhumaciones a fin de avanzar en las investigaciones.

Así, el Ministerio Público "está discriminando casos" en el sentido de que "muchos son de naturaleza muy distinta y algunos se están archivando por falta de pruebas".

Se trata de uno de los puntos que se han analizado en el encuentro de este lunes y sobre el que se intenta avanzar a través de la coordinación de estas reuniones, ha manifestado el fiscal superior.

Se da la circunstancia de que, de forma paralela, este lunes el Ministerio de Justicia ha anticipado a varios afectados por el robo de niños que ha elaborado un protocolo de atención a las víctimas de esta causa que comprende apoyo psicológico y legal.

Así lo ha explicado a Europa Press 'Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España de la causa de niños robados', tras mantener este viernes un encuentro con Ángel Núñez, el coordinador nombrado por Justicia para estos casos, y con José Antonio Colmenero, el director del Gabinete del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

La coordinadora, Mar Soriano, junto con el abogado de la asociación Fernando Magán, han aprovechado para reclamar un mayor acceso a la información de los Registros Civiles y la apertura de los archivos para agilizar las búsquedas de los hijos y hermanos que buscan.

Según ha explicado Mar Soriano, los representantes del Ministerio han transmitido su voluntad de apoyar a los afectados por el tráfico de niños a través de un protocolo elaborado por Ángel Núñez que aplicarán las oficinas de atención a estas víctimas.