La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge este lunes el juicio contra un acusado de apuñalar "sin mediar discusión o provocación alguna" a un joven y al amigo que intentó evitar la agresión en un pub de Órgiva (Granada), hechos por los que se enfrenta a una petición fiscal de 9 años y tres meses de prisión.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al pasado 7 de abril de 2011, cuando, sobre las 8,30 horas, cuando el procesado, de iniciales A.C.C. y 22 años, se dirigió a un pub de Órgiva, donde se encontraban, con motivo de la festividad local, los identificados como F.J.M. y M.M.R., en compañía de otros amigos.

En un momento dado, "sin mediar discusión o provocación alguna", el encausado, "guiado por la intención de acabar con la vida" de M.M.R., esgrimió una navaja y le asestó dos puñaladas. El herido quedó "sorprendido" por la actuación del procesado, y no reparó hasta instantes después en las heridas que presentaba.

En concreto, el presunto agresor le causó dos heridas, una en el hipocondrio derecho, por encima de la novena costilla, y otra a la altura del abdomen, que le alcanzaron una zona vital, pero que no llegó a provocar la muerte de la víctima por la presencia de "abundante panículo adiposo" —tejido graso—.

Cuando F.J.M. se percató de la "inmotivada e inopinada agresividad" del acusado, trató de sujetarlo para evitar que continuara con su agresión, momento en el que A.C.C., haciendo uso de la navaja y, según el fiscal, "guiado por el ánimo de menoscabar su integridad física", le produjo un corte en la mano, que requirió varios puntos de sutura. Tras estos hechos, el procesado abandonó "rápidamente" el local.

Por todo, la Fiscalía le atribuye un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro de lesiones, por los que, además de la pena de cárcel, solicita el pago de 1.640 y de 660 euros para cada una de las víctimas respectivamente, a las que, de ser condenado, no podrá acercarse ni comunicarse con ellas. Asimismo, el Ministerio Público pide que el joven abone al Servicio Andaluz de Salud los gastos ocasionados por la asistencia sanitaria de los heridos, y las costas generadas en el proceso judicial.