El Gobierno del Principado de Asturias baraja en estos momentos dos opciones para dar solución al problema generado por la dispersión de sedes judiciales en Oviedo. Una es albergar todos los órganos judiciales en una única sede de grandes dimensiones. Y otra opción es la de integrar lo que se denominaría 'distrito judicial' de Llamaquique, buscando una nueva sede en las inmediaciones que descongestionase el actual edificio de la calle Comandante Caballero e integrase las sedes.

Así consta en una respuesta parlamentaria, consultada por Europa Press, del consejero de Hacienda y Sector Público. Ramón del Riego, en contestación a una pregunta del portavoz de IU-Los Verdes , Jesús Iglesias, sobre cuándo tenía previsto proceder a impulsar la construcción de un nuevo Palacio de Justicia en Oviedo.

En cualquier caso Del Riego recuerda que la solución elegida pasará por conservar los edificios históricos que albergan el Tribunal Superior de Justicia. "Cualquiera de las actuaciones que llevasen a cabo se haría, como no puede ser de otro modo, teniendo como principio rector velar por los intereses de Asturias, de Oviedo y de todos los asturianos, escuchando a todos los sujetos interesados y respetando los requisitos y presupuestos que exige la legalidad vigente", dice el consejero.

El Principado está en contacto con el Tribunal Superior de Justicia de Asturias y ya le ha comunicado las alternativas que baraja. Además, la Dirección General de Justicia ha remitido a la de Patrimonio una carta el pasado 6 de octubre en la que pide información sobre los " bienes inmuebles de los que sea titular el Principado de Asturias en el concejo de Oviedo y que sean susceptibles de albergar un uso como equipamiento al servicio de la Administración de Justicia".

En su respuesta, Del Riego recuerda que en Oviedo, a día de hoy. existen hasta ocho sedes judiciales diferentes, "algunas de las cuales no responden al modelo de justicia del siglo XXI que se pretende implantar, con el consiguiente perjuicio para todos los operadores jurídicos implicados y en último término para el ciudadano".

Recuerda además que en el año 2009, por parte del anterior Gobierno ya se trató de abordar este problema, llegando a un acuerdo con la empresa Jovellanos XXI para la construcción de un edificio en la parcela denominada 'El Vasco' por un montante total de 176.700.000 euros. Dicho proyecto fue objeto de la Queja 2009/4517 ante la Comisión Europea al no haber existido procedimiento de adjudicación alguno. Como consecuencia de ello, y al suponer la vulneración de las disposiciones contenidas en la Directiva 2004/18/EC, se desechó finalmente esa posibilidad.