La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos por empresas andaluzas e incentivados con fondos autonómicos mediante una fórmula también cuestionada, ha convocado este próximo jueves a las partes a una comparecencia en la que se analizará la pertinencia de imponer el pago de una fianza a las personas imputadas en este procedimiento que ya han prestado declaración judicial.

Y es que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado mes de octubre a la juez Mercedes Alaya que imponga una fianza, y de forma subsidiaria acuerde los embargos oportunos, a todas las personas imputadas en el caso, ya que han obtenido "un beneficio indebido y delictivo del que, de ser penalmente condenados, deberán responder reparando el daño causado a los fondos públicos, devolviendo las cantidades ilícitamente recibidas".

En esta causa permanecen imputadas una treintena de personas, entre ellas el exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández; el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas; el exdirector de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero y el sindicalista Juan Lanzas, así como el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, o su antiguo director adjunto Daniel Ponce, ninguno de los cuales, hasta el momento, ha prestado declaración ante la juez instructora.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez asevera que "resulta incuestionable que deben adoptarse medidas cautelares de naturaleza pecuniaria respecto de los imputados que ya han prestado declaración judicial y que han conocido con detalle los hechos concretos que indiciariamente les incriminan, con independencia de que puedan surgir puntualmente hechos nuevos que a algunos obligue a realizar una nueva declaración judicial", todo ello dentro de una investigación en la que "sólo se ha podido tomar declaración a imputados que estarían situados en el último escalón de la pirámide".

No obstante, y aunque considera "ajustada a derecho" la petición de la Fiscalía, la juez argumenta que "existen otros muchos imputados e implicados a los cuales no resulta posible recibir declaración judicial en la fase de investigación" actual, ya que "sería enormemente prematuro y contrario al derecho de defensa hacerlo sin contar con el detalle necesario de los hechos que le deben ser imputados, teniendo en cuenta la inédita extensión de la investigación y que la misma se inició en febrero de este año".

"trama" con la intervención de "altos" cargos de la junta

Por ello, considera que "es incompatible con el derecho de defensa exigir medidas cautelares a implicados en los hechos que no han sido informados con exactitud, de aquéllos de los que se infiere su participación, y respecto de los cuales, además, no sería ni siquiera posible cuantificar por esta ausencia de datos su presunta responsabilidad pecuniaria", todo lo cual le lleva a demorar la adopción de medidas cautelares respecto de los imputados que no han declarado.

"Siendo tan amplia la investigación, estaba en la mente de esta instructora acordar" estas medidas cautelares, "pero quizás en momento más oportuno", pues además, prosigue la juez Alaya, "debe tenerse en cuenta que todavía no disponemos de atestados de la Guardia Civil en los que se haya abordado de la manera más completa posible el estudio de las ayudas sociolaborales y ayudas directas a las empresas".

Tras ello, subraya que, en el presente procedimiento, se investiga "una trama para la concesión ilícita de parte de estas ayudas, y en la que habrían indiciariamente intervenido altos cargos de la Junta, intermediarios —despachos de abogados, compañías aseguradoras, sindicatos—, empresarios y los concretos beneficiarios de tales ayudas". No obstante, "hasta ahora, y por ausencia de documentación e información policial dado el escaso tiempo transcurrido" desde que la Guardia Civil se hizo cargo de la investigación, "sólo se ha podido tomar declaración a imputados que estarían situados en el último escalón de la pirámide".

"subir escalones de la pirámide"

De este modo, "criterios de justicia y de oportunidad habrían influido en esta instructora para demorar la exigencia de tales medidas cautelares, cuando avanzando en la investigación pudiéramos subir escalones de la mencionada pirámide", ya que, añade, "podría ser un agravio comparativo exigir tales medidas a las personas que han declarado y no poderlo hacer por ahora a los que indiciariamente, por razón de su oficio o cargo, han propiciado con su actuación manifiestamente desleal e ilícita este uso corrupto de los fondos públicos".

Tras ello, convoca a todas las partes el próximo día 17 de noviembre, a partir de las 10,30 horas, a una comparecencia "para adopción, en su caso, de medidas cautelares" sobre las personas que ya han prestado declaración judicial, mientras que, "con carácter general y en lo sucesivo", al término de las próximas declaraciones judiciales se celebrará la correspondiente comparecencia para la adopción de las medidas cautelares que se soliciten.