El concejal de Desarrollo Económico y Empleo del Ayuntamiento de Gijón, Fernando Couto, ha criticado este viernes que el 90 por ciento de las facturas del Jardín Botánico, entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de junio de 2011 y por valor total de 2,3 millones de euros, carecía del correspondiente visto bueno. Couto ha afirmado que no se respetaron los principios de control interno en su mínima expresión, las cuentas "no eran claras" y había una gestión "absolutamente personalizada", por lo que no se tenía conocimiento de ello.

"No era mi intención, cuando encargué el informe de gestión, encontrarme con esto", ha dicho antes de adelantar que se guiará en la gestión por los principios de eficiencia y transparencia y evitando el despilfarro. Así lo ha apuntado durante su comparecencia en el Pleno sobre las irregularidades detectadas en el Botánico.

Entre estas irregularidades, estaba el fraccionamiento de contratos para eludir los controles, la falta de visados en las facturas que conllevaba que se pagaran hasta por duplicado y triplicado, personal sin contrato y el pago de servicios acumulados de años a una persona de una sola vez, además de llamar la atención sobre la "gestión calamitosa" y la acumulación de 'stock' en las tienda de recuerdos.

Sobre las críticas del PSOE a que él mismo aprobara la externalización del servicio de limpieza y mantenimiento, ha puntualizado que se firmó una propuesta no vinculante y se prorrogó el contrato a Eulen hasta resolver la situación.

Couto ha aludido a otras irregularidades, como el que se aumentara el dinero percibido por los adjudicatarios mediante contratos suplementarios "a dedo", que se construyera un almacén sin licencia municipal y que hubo que derribar con un costo de 15.000 euros por orden de la Confederación Hidrográfica, o el trocear la construcción de un elemento infantil en forma de cuélebre en cabeza, tronco, cola y toboganes para no tener que ir al Consejo de Administración.

Ha reprochado, a su vez, la falta de rigor en la contratación y ha citado el máster abonado a la anterior gerente del Botánico, Ana Casino, que si bien ha reconocido que de 16.900 euros el Ayuntamiento abonó poco más de 4.000 gracias a una beca, esta se supone que iba destinada a colectivos desfavorecidos. Con todo, Couto ha puntualizado que el solo se dedicó a leer el informe de gestión y que debe ser la Corporación quien juzgue.

Por su lado, el concejal del PP Eduardo Junquera ha criticado las irregularidades manifestadas y le ha recordado a la alcaldesa, Carmen Moriyón, su obligación legal de poner en conocimiento de los tribunales lo que considere que puede ser sospechoso de delito.

Según él, en el Botánico pudo haber cohecho, si recibieron dádiva, favores o retribución a cambio de contratos, o trafico de favores si se adjudicó a empresas amigas sin otro criterio, o fraude de ley si acordaron con contratistas aumentar el valor de lo contratado, o prevaricación si se hizo una resolución injusta pese a saberlo, como el despido del trabajador Ricardo Librero, o malversacion de fondos, al comprar la Coca-Cola mas cara que en el supermercado. Pese a ello, ha animado a recuperar el buen nombre del Botánico.

Por parte del PSOE, la edil Ana González ha puesto el énfasis en que el máster citado costó solo 4.523 euros por las subvenciones recibidas y ha replicado a Couto que en el programa autonómico de Foro hay una medida de acción positiva para becar mujeres para ser directivas. Le ha acusado, asimismo, de "mentir" y de no dar pelea por el dinero del Plan 'A' del Bioma Tropical.

Por parte de IU-LV, su portavoz, Jorge Espina, ha retado a Couto a llevar a los tribunales lo que considere que puede ser delito y le ha instado a no lanzar bulos que maltratan públicamente a esta empresa que preside. Ha criticado la "enorme indefensión" de IU-LV por no tener el informe leído y le ha recordado que la contabilidad la llevaba una empresa externa y que se realizaron auditorias por dos entidades públicas, por lo tal vez, o hay una responsabilidad de más implicados, o serían "un puro chascarrillo" esas irregularidades.

Cabe remarcar que el debate se ha llevado a cabo pese al intento del portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles, de que se retirara la comparecencia al no haberse entregado previamente el informe al PSOE pese a haberlo solicitado, lo que ha indicado que era una flagrante vulneración de derechos. Ha recordado a Moriyón que ella habló en su día de auditoría y que ahora usan una "técnica filibustera" de una denominación para negar el informe sobre el que se debate.

Transporte rural

En el turno de preguntas, el edil de IU-LV Francisco Santianes ha aprovechado su intervención respecto al transporte rural para criticar la semi-liberación del concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Felgueroso, al que le ha reprochado que renuncie a los tres turnos para dedicarse a su actividad privada —abogado— y cobrar 40.000 euros de los ciudadanos.

Por parte de Felgueroso, ha justificado que en su día se suprimió el servicio -por el Gobierno anterior—, ya que había tres vehículos para siete líneas que en gran parte iban vacíos, lo que generó unas pérdidas de 585.563 euros, aunque ha considerado un error los convenios con el Consorcio de Transportes por cuatro años y la venta de los microbuses que prestaban este servicio. Asimismo, ha replicado que el servicio rural de transporte que le reclama Santianes se suprimió estando IU en el Gobierno.

Dejadez en responsabilidad de familias

Asimismo, la concejala de IU-LV, Libertad González, ha interrogado al edil de Educación, Carlos Rubiera, sobre cuándo se va a abrir la nueva escuela infantil de 0 a 3 años en Nuevo Gijón. Rubiera ha explicado que la apertura está pendiente de la adjudicación de materiales, a punto de resolverse, y de la baremación de solicitudes. En todo caso, ha asegurado que no se retrasará más allá del comienzo del curso tras las vacaciones de Navidad, aunque ha confiado en que pueda ser antes.

Rubiera ha añadido que la función que deben cumplir estas escuelas es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar y ha añadido que hay demanda. No obstante, ha advertido que hay familias que lo intentan utilizar aunque no tengan esa necesidad. Según él, si se oferta con carácter universal este servicio se tendrá demanda, pero se ha preguntado si eso es lo que conviene, ya que puede que haya familias que lo usen para abandonar o dejar en segundo plano su responsabilidad en la educación de sus hijos, es decir, que lo utilicen si una necesidad objetiva.

Ha matizado, además, que no habló de privatización en estas escuelas pero sí acepto la posibilidad en determinadas ocasiones de conciertos público-privados. Ha remarcado que la titularidad es compartida entre el Principado y el Ayuntamiento, lo que, a su juicio, esto plantea "un cruce de competencias y funciones".

Lo ideal, a su parecer, es que estos centros estén en la red general de Educación, y así lo trasladará a la Administración autonómica. Pese a ello, ha adelantado que entendería que el Gobierno regional rechace esta postura porque tiene un coste. Rubiera ha puntualizado que es intención del Gobierno Local de poner en marcha la escuela de 0 a 3 años prevista en Nuevo Roces, hasta el punto que se pueda presupuestariamente, ha matizado.