El consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva, ha exigido este viernes que se reconsidere el acuerdo de la Comisión Europea para el cierre de las minas que no sean rentables a partir de 2018 y ha abogado en este sentido por hacer valer "otras alternativas" que favorezcan la pervivencia de este sector en el tiempo.

En declaraciones recogidas por Europa Press tras visitar este viernes las instalaciones de la empresa Proingesa, el consejero ha recordado que Castilla y León trabaja con los gobiernos de Aragón y de Asturias en este objetivo para lo que plantearon en su día un conflicto judicial en Europa contra esa decisión de la CE de acabar con el régimen de ayudas en 2018.

Ahora estas tres comunidades autónomas han solicitado un "encuentro formal" en Europa aprovechando la presidencia polaca de la UE para pedir esa reconsideración de unos "acuerdos ilógicos" que se dejaron fraguar en España, según sus críticas, por la "dejadez" del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapetero.

"Vamos a trabajar por que se haga una revisión de aquellos acuerdos con el fin de que se mantenga la producción industrial más allá del año 2018", ha asegurado el titular de la cartera de Economía y Empleo en el Gobierno de Castilla y León quien, tras reconocer que 2018 puede ser un horizonte "algo lejano", ha aclarado que es necesario empezar a trabajar ya por hacer valer otras alternativas para evitar que el acuerdo de la CE se consolide en el tiempo y deriven en el cierre de la minería en Castilla y León.

Tras defender que se trata de un sector en el que, de ser competitivas, las empresas tendrían que tener continuidad y deberían seguir produciendo, Villanueva ha recordado también que el carbón es una fuente de producción energética a bajo coste y con materias primas autóctonas por lo que su desaparición "sería un error".

Además y según ha anunciado la Consejería de Economía y Empleo en un comunicado recogido por Europa Press, la Junta ha reclamado a través de una carta dirigida al secretario de Estado de la Energía, Fabrizio Hernández Pampaloni, que mantenga informado al Gobierno de Castilla y León de todas las actuaciones (acuerdos, decisiones, planes...) que se adopten desde el Ministerio y que afecten al sector de la minería de la Comunidad Autónoma.

Asimismo, ha manifestado el malestar del Gobierno regional en relación a la elaboración y envío por el Instituto para la Reestructuración del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del 'Plan de cierre de las unidades de producción españolas de carbón'.

Posible impugnación del plan de cierre

En la misiva, Villanueva ha advertido al Ministerio de la "posible impugnación y suspensión cautelar" del citado Plan al considerar que "puede suponer una violación competencial, ya que no ha sido tramitado en coordinación con las comunidades autónomas afectadas".

Para la Junta, el acuerdo para la redacción y el envío del Plan de Cierre, como acto administrativo, debería haber sido adoptado y remitido a la Comisión Europea en coordinación con la Comunidad Autónoma afectada, para lo que existen, ha recordado la Consejería, diferentes mecanismos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "que hubieran podido utilizarse para tal fin".

Las mismas fuentes han asegurado que Castilla y León podría solicitar la suspensión cautelar del documento en tanto esta Comunidad Autónoma no se pronuncie al respecto, "para lo que valorará tanto la dimensión como las características de un sector minero que está atravesando una dura reconversión".

La Consejería de Economía ha recordado en este sentido que el Plan de Cierre afecta, por su trascendencia, no sólo a la planificación y objetivos marcados por la política económica general del Estado, "sino a la competencia ejecutiva que se deriva del Art. 76.6 del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, sin perjuicio de otras competencias autonómicas".

En Castilla y León, el carbón genera empleo para un total de 2.900 trabajadores de forma directa.