La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CSIF-A ha criticado este jueves que la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, "en su afán de seguir restringiendo la labor" de la Administración de Justicia, "ha decidido, unilateralmente, que el personal interino, así como el personal adscrito provisionalmente a los órganos judiciales andaluces, deben cesar antes de la toma de posesión" de los funcionarios titulares como consecuencia de la resolución del concurso de traslados publicada el pasado día 31 de octubre.

Según ha aseverado el sindicato en un comunicado de prensa, la propia resolución de la Consejería, firmada por la directora general de Oficina Judicial y Cooperación, en su disposición sexta "establece literalmente que 'los funcionarios interinos o funcionarios de carrera con adscripción provisional que actualmente ocupen las plazas que han sido adjudicadas, cesarán como consecuencia de la posesión del titular'".

En el mismo sentido, añade, "se establece en el Real Decreto que regula esta cuestión cuando en su artículo 30-4 dice que 'serán cesados (los funcionarios interinos) según los términos que establezca la orden ministerial o, en su caso, la disposición de la comunidad autónoma a que se refiere el apartado primero de este artículo y, en todo caso, cuando se provea la vacante, se incorpore efectivamente su titular'".

A juicio del sindicato, "desoye una sentencia de 2004, ganada por este sindicato ante el TSJA, que estima la demanda formulada por afiliados de éste, en la misma situación propiciada por la misma Consejería en el año 2002". "Sin embargo, yendo en contra de sus propios actos, la misma Dirección General ha dado instrucciones en contrario, obligando a cesar a este personal, antes de que tomen posesión sus nuevos titulares", puntualiza.

Todo ello supone, que desde el "cese obligado" de estos funcionarios hasta la toma de posesión "quedarán sin cubrir esas plazas", lo que supondrá "un nuevo descalabro para la Administración de Justicia, que verá paralizados esos negociados hasta tanto lleguen sus titulares", una decisión que "se ha tomado por ignorancia, ya que de ser conscientes de ello no hablaríamos de error, sino de delito de prevaricación, al dictar una instrucción en contra de sus propias decisiones de rango normativo superior, anteriores y públicas, y en contra, además, del Reglamento que regula estas situaciones, con rango de Real Decreto".

Para el sindicato CSIF, esta actuación "es una muestra más de la prepotencia dictatorial de la Consejería de Gobernación y Justicia, y la falta de respeto hacia el personal que presta servicios en los juzgados andaluces y hacia el propio ciudadano".