La producción maderera descendió en Asturias un tercio desde la última década, y el sector ha podido perder en el mismo periodo unos 120 empleos, frente a los 2.500 con los que cuenta actualmente. El marco normativo "restrictivo" en Asturias es la principal razón de este descenso, señalado por las empresas afectadas.

Así lo ha asegurado este miércoles Luis Enrique García, presidente de la asociación Asmadera, que agrupa al 80% de las empresas de esta área económica en Asturias. Ha comparecido en rueda de prensa, acompañado por la abogada Pilar Martínez, para dar a conocer su opinión sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la anulación del Plan de Protección del Hábitat del Urogallo.

Martínez ha explicado que el sector ha pasado de un producción de 900.000 metros cúbicos en el año 2000 a los 650.000 actuales, si bien, a falta de conocer la liquidación del año 2010.

En cifras económicas, estaría entre siete y diez millones de euros de bajada de producción en valor forestal. En términos de empleo, los cálculos son de diez empleos por cada 20.000 metros cúbicos menos, los que sumarían un total de 120 puestos trabajo que podrían haber desaparecido en este periodo.

Sentencia del ts

Precisamente, García considera que la caída productiva coincide con la aplicación "rigurosa" de normativas "restrictivas", como el referido Plan de Protección del Hábitat del Urogallo, en vigencia desde 2003. El presidente de Asmadera ha mostrado su satisfacción por la decisión del Tribunal Supremo del pasado 14 de octubre, que confirma la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de esta normativa.

La decisión del TS se basaba únicamente en tres aspectos, según explicó la abogada: la elusión, por parte del Gobierno de Asturias, de elaborar de la figura del plan de recursos naturales para la aplicación de la señalada normativa; la no consulta a los afectados para elaborarla; y el incumplimiento de la obligación de contestar a las alegaciones, "en claro desprecio a la ley", señala Martínez.

No obstante, tanto la representante legal como el presidente del sector señalaron las muchas "restricciones" y "perjuicios" que desde su punto de vista imponía el Plan: la obligación de trabajar con el pino silvestre sólo en época hibernal (de septiembre a marzo) con las consecuentes inclemencias temporales, la no diferenciación de zonas y no territorios, puesto que "abarcaba toda la zona interior"; la presentación obligatoria de estudios de impacto ambiental para muchas actividades, la limitación de pistas forestales y cortafuegos o la "prohibición de cualquier actividad molesta para la especie entre marzo y agosto", en palabras de la jurista.

García incidió en la situación legal de Asturias en este aspecto, "que no se da en otras zonas de España". "Nos hemos ocupado mucho de normativas, de regular de prohibir, de sancionar... pero nadie se ha ocupado del problema más grave del monte asturiano", que según el empresario maderero es "la ordenación de la propiedad". "Con parcelas de media hectárea es imposible hacer rentable una explotación forestal", por lo que desde su punto de vista, "hay que buscar unidades de gestión del tamaño suficiente y en los terrenos apropiados para que tengan la mayor productividad, y sino hablaremos de minifundios", concluye.