Las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 221 durante el tercer trimestre del año, lo que supone un aumento del 23,5% respecto a igual periodo de 2010 y un descenso del 20,2% en relación al segundo trimestre del año.

Por su parte, las empresas concursadas sumaron 1.268 en el tercer trimestre, con un aumento del 26,2% en tasa interanual y una caída del 15,1% respecto al trimestre anterior, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este martes.

En total, el número de familias y empresas en concurso fue de 1.489 entre julio y septiembre, un 25,8% más que en igual trimestre de 2010 y un 15,9% menos que en el trimestre precedente.

En el tercer trimestre, el 30,5% de las empresas concursadas tenía como actividad principal la construcción y la promoción inmobiliaria, el 19,5% pertenecían a la industria y la energía, y el 17,2%, al comercio.

Ya sea por tener una hipoteca, disponer de un crédito al consumo o haber recurrido a la tarjeta para llegar a final de mes, casi todo el mundo debe dinero a los bancos. Las entidades financieras son los principales acreedores de las familias y, por lo tanto, con quienes se deben ver las caras si se acogen a un procedimiento concursal.

Desde hace dos años, las familias también se pueden declarar en quiebra, una cosa que pasa cuando no se tiene el suficiente dinero para hacer frente a todas las deudas y para evitar perder el patrimonio. Entrar en este proceso supone dejarlo todo en punto muerto: se paraliza el cobro de las deudas y las órdenes de embargo que pueda haber, pero la familia tampoco puede tocar sus bienes.

Mientras tanto, los administradores nombrados por el juez pasan a tutelar las finanzas familiares. Ponen orden y estudian la manera de hacer frente a la situación. Normalmente, se fija una cantidad mínima de los ingresos familiares para vivir y el resto se aparta para hacer un fondo para pagar las deudas. El último paso es la junta de acreedores, donde se negocia con los bancos qué cantidad se les debe volver, en cuanto tiempo y en qué condiciones. La ley concursal permite que sea en un plazo máximo de cinco años y que se pueda llegar a rebajar hasta un 50% de la deuda, según la web separados y divorciados.