Los sindicatos de la administración pública valenciana que suscriben FSC-CCOO, CGT, CSI-CSIF, Intersindical y FSP-UGT han denunciado una "purga encubierta" de trabajadores públicos "utilizando una reestructuración que enmascara persecuciones a funcionarios y de carrera con decenas de años de experiencia para sustituirlos por otras personas nombradas 'a dedo' que se deben a quien los propone y con mayor coste económico para la administración valenciana, que paga todas la ciudadanía".

Estos sindicatos, en un comunicado conjunto, también han denunciado la inexistencia de un plan global de reasignación de efectivos, y de los informes técnicos y económicos que "sustentan las decisiones adoptadas, la arbitrariedad en la falta o negación de información y los criterios utilizados para la selección de los puestos a eliminar".

"Todo ello da lugar a percibir indicios de desviación de poder e incluso prevaricación en la elección concreta de los ceses y en la reasignación de puestos a las personas cesadas", han manifestado.

Asimismo, rechazan la que han tildado como aplicación "torticera" de la legislación, "en cuanto que supone un regreso a las cesantías del siglo XIX, prácticas que conculcan los principios constitucionales de mérito y capacidad, facilitan la opacidad y el nepotismo y, en todo caso, supeditan los fines de la administración a la lucha por el poder de los partidos políticos".

FSC-CCOO, CGT, CSI-CSIF, Intersindical y FSP-UGT consideran que la ciudadanía valenciana "tienen el derecho a que las administraciones públicas de la Generalitat sean eficaces, eficientes, austeras, traten sus asuntos de modo equitativo e imparcial y a gozar de servicios públicos de calidad".

Del mismo modo, ha explicado que el sistema de provisión de puestos de trabajo normal es el de "concurso de méritos", en el que "se reconoce la experiencia y valía de los aspirantes junto con los principios de igualdad y publicidad".

"Cualquier otro sistema 'a dedo' conlleva una influencia política que, al extenderse sin control, pervierte a la Administración y a los fines de servicio público que la justifican. Como así está establecido en la legalidad vigente y en la reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo", han subrayado.

Estos cinco sindicatos han denunciado el incremento del coste de las nuevas estructuras de las Consellerias, "toda vez que aumentan las retribuciones de los puestos de trabajo a dedo una media de 5.000 euros por persona y año consolidándose estas cantidades en el capítulo I de los Presupuestos de la Generalitat y, por ello, no se sostiene la ficción sobre ahorro que de cara a la opinión publica pretende justificar la medida en este caso".

Asimismo, han hecho hincapié en la necesidad de contar con una administración autonómica "basada en los principios de responsabilidad, profesionalidad, merito, capacidad, transparencia, igualdad, publicidad y sometimiento pleno a la ley y al derecho, que contribuya al progreso económico y social de la Comunitat Valenciana".

Los servicios jurídicos de los sindicatos que suscriben este comunicado se han puesto a disposición de todo el personal afectado, comprometiéndose a "denunciar cualquier acto u omisión de los responsables de la administración pública que sea contraria a Derecho, incluyendo, por supuesto, aquellos casos en que se cometa o presuma prevaricación administrativa o malversación de fondos públicos".

En esta misma línea, han destacado su "apoyo" a todos los afectados y han puesto a su disposición "todas las vías de acción sindical tanto la administrativa y judicial, como la informativa y social".

Además, han solicitado a la conselleria competente en materia de Función Publica "la inmediata paralización de todos los procedimientos de remoción iniciados" y la convocatoria "urgente" de la Mesa de Función Publica "para estudiar una solución satisfactoria para los afectados y la sociedad valenciana".