El joven —exbrigadista forestal— acusado de provocar un incendio que arrasó con cerca de 200 hectáreas de monte arbolado entre las poblaciones valencianas de Vilamarxant y Pedralba en julio de 2006 ha negado este lunes ante un jurado popular que provocara el fuego. Pese a ello, cuando fue detenido reconoció inicialmente ante los agentes su participación imprudente en los hechos.

El incidente tuvo lugar el 20 de julio de 2006, cuando el joven —tal y como recoge el escrito del ministerio público—, en represalia por su despido del servicio de protección civil del Ayuntamiento de Vilamarxant, en el que había estado contratado y desempeñando su actividad laboral desde el 1 de agosto de 2004 hasta el 23 de julio de 2005, prendió fuego —mediante la aplicación directa de llama al combustible vegetal— a los árboles de la partida denominada 'La Pea', en Vilamarxant.

El joven sabía que en las proximidades existían núcleos de viviendas habitadas. La acción la ejecutó en dos puntos diferentes distantes entre sí, creando dos focos del incendio que, dado el viento existentes y las altas temperaturas, permitieron su propagación. El fuego afectó a 194 ha de monte arbolado —135,4 pertenecientes a Vilamarxant y 58,6 a Pedralba—.

En concreto, el incendio afectó, según el informe ecotoxicológico elaborado por el Instituto de Medicina Legal, a terrenos catalogados como suelo no urbanizable de protección especial —monte de utilidad pública—. Además, generó un riesgo cierto para las personas, ya que avanzó sobre las viviendas sitas en la urbanización 'La Paridera' de Vilamarxant, según recoge el fiscal.

Asimismo, una densa columna de humo impuso la evacuación de la urbanización, con unas 400 personas de unos 175 chalets, por riesgo de inhalación de gases derivados de la combustión. El fuego también afectó a una vivienda, a la que ocasionó desperfectos en la fachada y en el jardín.

El incendio quedó extinguido el 24 de julio, sobre las 21.34 horas, y para ello intervinieron 13 camiones cuba de bomberos; ocho vehículos todo terreno; siete cubas de la Generalitat; seis vehículos todo terreno y siete cubas de la Diputación; seis helicópteros y 11 aviones; 145 componentes de brigadas forestales y bomberos; patrullas de Guardia Civil y componentes de Policía Local, entre otros.

El hombre juzgado ante un jurado popular se enfrenta a una pena de ocho años y medio de prisión por un delito de incendio con riesgo de propagación, en concurso con un delito de incendio forestal, tal y como reclama el fiscal.