El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha recomendado al Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), gobernado por Domingo Salado (PP), que pese a su "difícil situación económica" y dado el acuerdo plenario alcanzado en 2007, aclare al menos en materia de prioridades y plazos el proyecto de arreglo de la urbanización Santa Ana, regularizada tras las normas subsidiarias de 1986.

Según esta resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, recogida por Europa Press, el pleno del Ayuntamiento de Espartinas aprobó, el 27 de febrero de 2007, un 'Plan Especial de Regeneración de Áreas Degradadas' que comprendía la subsanación de las "deficiencias" de la urbanización Santa Ana, un conjunto residencial "de origen irregular". El acuerdo plenario, según la resolución de Chamizo, atribuía al propio Consistorio la financiación integral de la iniciativa. La actuación relativa a esta urbanización, de hecho, figuraba en "el nivel uno de urgencia" en el mencionado plan.

La situación económica del ayuntamiento

Dada la dilación de esta actuación comprometida, el colectivo de vecinos de esta urbanización había elevado una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, que ha recabado del Ayuntamiento una respuesta en la que, según reza en la citada resolución de Chamizo, el Consistorio esgrime que "ante la situación económica" de la administración local, "existen otras problemáticas inaplazables y prioritarias que se deben atender, como nóminas o suministros de luz y agua, no pudiéndose asumir el desarrollo y ejecución del planeamiento especial" en cuestión.

El Ayuntamiento, ante José Chamizo, habría dado cuenta también del "origen irregular de la urbanización", así como de su "regularización" tras la aprobación de las normas subsidiarias urbanísticas promovidas en 1986. El Consistorio, igualmente, habría argumentado que si en tales momentos los propietarios de esta urbanización hubiesen sido obligados a asumir "la ordenación y posterior gestión y urbanización del suelo, no se darían las actuales circunstancias".

Validez del acuerdo plenario

Aunque el Defensor del Pueblo Andaluz comparte "plenamente" este último extremo, recuerda que el mencionado plan especial constituye un proyecto "libre y válidamente" acordado en el seno de la Corporación municipal y que había despertado "una expectativa clara de solución de los problemas de la urbanización". En ese sentido, y dado que el Ayuntamiento "recalca que nunca dará la espalda a los compromisos adquiridos", pero "aplaza de forma indefinida" el plan especial a cuenta de su situación económica, los vecinos en cuestión quedan "sin concreción alguna en cuanto al plazo aproximado en el que podrán empezar a solucionarse los problemas".

Así, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz recomienda al alcalde que se reúna con el colectivo de vecinos, les explique "la difícil situación económica del municipio" y "les aclare el alcance de su expresión en el sentido de que nunca se dará la espalda a los compromisos adquiridos con el 'Plan Especial de Regeneración de Áreas Degradadas', estableciendo las deficiencias de la urbanización que requieren una intervención más urgente y el calendario de las actuaciones que, de forma prioritaria, se podrían atender".