El Fiscal pide una pena total de 16 años y más de 164.000 euros de multa para un matrimonio -formado por una española y un colombiano- por un delito contra la salud pública, al introducir y distribuir en España sustancias estupefacientes, principalmente cocaína. Además el Fiscal solicita diferentes penas de prisión para otros acusados por otro delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas.

Según el escrito del Fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, los hechos se remontan a 2009, cuando los principales acusados introducían droga, contando además con otro colaborador, a través de paquetes postales enviados directamente desde América y como destinatarios figuraban diferentes personas distintas de los acusados.

El 3 de febrero de 2010, funcionarios del Grupo de Aduanas de la Delegación en La Rioja de la Agencia Tributaria comunicaron que en una oficina de correos de Logroño se había detectado un paquete postal sospechoso. Tras autorizar la apertura y examen de dicho paquete se encontraron dos bolsas cerradas al vacío en cuyo interior había cocaína.

A continuación, el Juzgado dictó auto en que se autorizaba la circulación y entrega controlada del referido envío. Por ello, un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía con vestimenta de repartidor de correos acudió con el paquete al domicilio en cuestión y allí detuvo a la acusada. Esta operación se repitió en otras ocasiones.

Por otra parte, los principales acusados remitían habitualmente al extranjero el dinero obtenido por la venta de estupefacientes empleándolo para sufragar la adquisición de nuevas partidas de droga.

Así, con el propósito de no aparecer formalmente en la ejecución de muchos envíos de remesas de dinero y de eludir el control de autoridades, captaron a varias personas a quienes convencieron para a cambio de una retribución económica colaborar con ellos. Estos cooperantes eran conocedores de la procedencia ilícita del numerario enviado.

Los colaboradores captados por los acusados remitieron el dinero a Costa Rica o Colombia utilizando el sistema de telegiros, realizados en su mayoría desde dos locutorios de Logroño.

Para el Fiscal, estos hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por lo que procede imponer al matrimonio una pena de ocho años de prisión para cada uno y una multa por la droga intervenida de 82.511 euros para cada uno. Además, para el colaborador también pide cuatro años de prisión y una multa de 38.000 euros.

Por su parte, procede imponer al resto de los acusados (en total 5), por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, tres años de prisión para cada uno y diferentes multas -según el grado de intervención- que oscilan entre los 1.600 y 5.300 euros.