El Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) —que agrupa a los ocho Ilustres Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana: Alcoy, Alicante, Alzira, Castellón, Elche, Orihuela, Sueca y Valencia— ha afirmado que las negociaciones con la Conselleria de Justicia por el turno de oficio están "estancadas" y ha aseverado que "no se ha abonado" nada de lo que se debe desde el 1 de abril.

El CVCA, reunido este viernes, ha decidido hacer público que las reuniones con la conselleria se encuentran "en peligro de ruptura" por la falta de acuerdo en torno a la prestación del servicio público del turno de oficio.

Según ha indicado, en todas las reuniones que se han venido realizando durante las últimas semanas "no se ha producido un solo avance para garantizar el adecuado cumplimiento de un servicio público fundamental y consagrado en la Constitución". Ni en las cuestiones relativas al cobro por parte de los abogados del turno de oficio de la deuda que mantiene con ellos la Generalitat, ni en el presupuesto previsto, ha lamentado.

En estos momentos la Generalitat debe 10,06 millones de euros correspondientes al cobro de un 60 por ciento del trabajo desarrollado por los abogados del turno de oficio entre el 1 de enero y el 31 de marzo y a la totalidad de lo trabajado el 1 de abril en adelante. Frente a las declaraciones públicas del conseller de Justicia, Jorge Cabré, el pasado 4 de octubre en las que señalaba que en una semana o 15 días se les pagaría parte de la deuda pendiente, más de tres semanas después "no sólo no se ha cobrado nada, sino que no hay ninguna perspectiva de hacerlo".

Por otro lado, la Conselleria de Justicia ha presupuestado durante los últimos ejercicios y tiene previsto seguir haciéndolo en 2012 una cantidad muy inferior —en torno a un 30 por ciento— a los gastos que genera el servicio. En estas condiciones, los abogados consideran que esta partida es "manifiestamente insuficiente" y "pone en riesgo un derecho básico para todos los ciudadanos y, en especial, para los más desfavorecidos".

Finalmente, el CVCA quiere señalar que alternativas que se han planteado como la privatización del servicio son "inadmisibles" ya que el derecho básico de defensa no puede guiarse por criterios de rentabilidad, tal y como han reflejado en recientes declaraciones el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño.