La fiscal Coordinadora Del País Vasco en Prevención Riegos Laborales Edurne Miranda ha advertido esta mañana que "no facilitar los medios necesarios" para que los trabajadores desempeñen "sus funciones con las medidas de seguridad e higiene adecuadas" conlleva responsabilidades penales, que incluyen cárcel y multa. Estas responsabilidades pueden agravarse en caso de que los trabajadores sufran lesiones o, en el peor de los casos, fallezcan.

Miranda ha hecho estas declaraciones a Europa Press, con motivo de las IX Jornadas de Prevención de Riesgos Laborales en las que ha pronunciado una conferencia titulada 'La responsabilidad penal del empresario en los delitos contra la seguridad en el trabajo'. Ha recordado que en la Rioja hubo 17 escritos de acusación sobre este tipo de delitos en 2010, según la última memoria de la fiscalía General del Estado.

La fiscal ha explicado que no facilitar los citados medios de prevención constituye un delito contra la seguridad en el trabajo. "Esta conducta está penada con hasta 3 años de cárcel y una multa".

Sin embargo, "en el caso de que se produzca un accidente de trabajo y se aprecie una conducta delictiva" y además "el trabajador fallezca, estaríamos hablando además de un delito de homicidio imprudente que lleva aparejado una pena de hasta 4 años de prisión" —y se sumaría al castigo por el delito contra la seguridad en el trabajo—.

Otro tanto sucede si el trabajado sufre lesiones, cuando no hay medios de seguridad. Entonces, se incurre en un delito de "lesiones imprudentes que también conlleva una pena privativa de libertad" — como en el caso anterior se suma al delito contra la seguridad en el trabajo—.

Sin embargo, estos casos "normalmente no conllevan el ingreso en prisión de los autores porque lo más habitual son la imposición de penas en su grado mínimo". Eso sí, "en caso de que el responsable tenga antecedentes penales, no cabría la suspensión de la pena e ingresaría en presión", ha detallado Miranda.

Miranda ha matizado que las responsabilidades pueden variar. Así "en una obra los responsables no serían solamente los empresarios de la empresa principal y las subcontratas, sino todos los miembros de la cadena de mando. Desde el mismo arquitecto, hasta el encargado y pasando por el jefe de obra", ha explicado.

Crisis y accidentes

La fiscal ha admitido que la crisis ha despertado su "preocupación" sobre un posible descuido de las medidas de seguridad. Sin embargo, este hipotético descuido "no se ha podido observar que se haya producido en los procedimientos". Así, "la única respuesta inmediata de la crisis en el ámbito del derecho penal de siniestralidad laboral, ha sido el descenso de en la incoación de procedimientos". Disminución también producida por "el descenso del número de accidentes", ha explicado.

"A pesar de ello, en las fiscalías seguimos con una carga de trabajo importante porque tenemos causas pendientes de años anteriores que llegan una vez concluida la investigación".

Sin embargo, "dentro de no mucho tiempo empezaremos a notar un descenso de trabajo relacionado con este tema debido a la crisis. Especialmente en el mundo de la construcción que es donde se producen gran parte de las conductas delectivas, principalmente por el riesgo de caída de altura y la falta de adecuación de la maquinaria para evitar atrapamientos".

Por último, Miranda se ha referido al fiscal Juan Manuel de Oña Navarro, que "está haciendo un trabajo muy importante en intentar que no se escapen de la respuesta penal conductas que la merecen, que son las más conductas graves de dejación prácticamente absoluta de medidas por parte del seguridad del empresario o de los responsables".