La Fiscalía de Sevilla ha insistido este jueves en que el exalcalde de Camas Agustín Pavón (IU-CA) incurrió en un delito de cohecho tipificado en el artículo 423 del Código Penal al intentar sobornar en el año 2005 a la que fuera concejal no adscrita del Ayuntamiento de Camas (Sevilla) Carmen Lobo. "¿No va a ser corrupción darle dinero a una concejal para que vote a favor en un pleno?", se ha preguntado el representante del Ministerio Público.

Y es que la Audiencia Provincial ha acogido en la mañana de este jueves una vista al objeto de debatir sobre las cuestiones previas presentadas por los acusados, como son Pavón, los exediles del PP y el PA en el Consistorio camero Antonio Enrique Fraile y José del Castillo, y el empresario Eusebio Gaviño, para cada uno de los cuales el fiscal pide en su escrito de acusación un año y medio de cárcel y el pago de una multa de 24.000 euros.

Durante esta vista previa al juicio con jurado popular, el letrado de Pavón, José María Calero, ha considerado que la actuación de su patrocinado no entra dentro del delito de cohecho y ha negado que quisiera obtener un beneficio económico con su actuación, señalando que "un alcalde que paga no tiene precedentes en España; lo que hacen los alcaldes corruptos es cobrar".

De este modo, ha dicho que no entra dentro del delito de cohecho "el alcalde que, a la vista de que no puede hacer nada en el Ayuntamiento, decide mover la voluntad de una concejal", tras lo que ha aseverado que ni la Fiscalía ni la acusación particular que ejerce el PSOE hablan en sus respectivos escritos de conclusiones provisionales de "beneficio económico", sino únicamente de que Pavón intentó "desbloquear" la situación de desgobierno de la localidad, ya que al estar el equipo de Gobierno en minoría le era imposible llevar a cabo determinados proyectos.

Ante esto, el fiscal, Arcadio Martínez, ha explicado que, en este caso concreto, "la corrompida es Lobo y los corruptores los que dan ese dinero", ya que le habrían entregado 12.000 euros a cambio de votar favorablemente en unos determinados puntos del pleno que se celebraría el día 13 de septiembre de 2005. "La corrupción está en votar por dinero", ha insistido el fiscal, que, no obstante, ha aceptado que se retire del relato de hechos que los acusados querían obtener "un beneficio económico", un extremo que se recoge en el auto de apertura de juicio oral dictado en mayo de 2010 pero que no viene recogido en los escritos de calificación de Fiscalía y PSOE.

"defectuosa" depuración del material de instrucción

El abogado de Agustín Pavón también ha planteado como cuestión previa la "defectuosa" y "tardía" depuración del material de instrucción después de que la Audiencia Provincial anulara las intervenciones telefónicas realizadas en la investigación. "La depuración ha sido incompleta e insuficiente", ha subrayado, a lo que el fiscal ha alegado que el juez instructor "no tiene la obligación de depurar las pruebas", sino que es algo que, a su entender, debe hacer el magistrado presidente del jurado encargado de enjuiciar a los acusados.

De su lado, el abogado de Fraile, Pedro Pérez, ha planteado varias cuestiones previas, entre ellas "la vulneración de un proceso con todas las garantías y de la presunción de inocencia", y se ha referido a la grabación de la reunión en la que se ofrecieron los 12.000 euros a la exconcejal, pues se trata de la "copia" de una grabación y "tiene muchos defectos". "Entendemos que ha sido manipulada, y por ello solicitamos una prueba pericial, precisamente para ver si está manipulada", ha añadido.

Sobre esto último, el fiscal ha dicho que, esta grabación, "con todos sus defectos, es una prueba, y el jurado tiene perfecto derecho a escucharla para ver lo que allí se dijo". "Esa reunión se produjo, y lo reconocen todos los acusados; el tribunal del jurado ya le dará el valor que quiera", ha apostillado, subrayando que la grabación "es una prueba accesoria que viene a apoyar la denuncia" de la exconcejal y de su intermediario, el exmilitante de IU Francisco Gordo.

NULIDAD

Asimismo, el abogado de José del Castillo, que ha sido el único acusado presente en la vista, pidió la nulidad y la devolución de las actuaciones al Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla al objeto de "depurar" el auto de apertura de juicio oral. Además, ha pedido que se anule la fianza de 30.000 euros que se imponía a los imputados en el auto de apertura de juicio oral, ya que "no es procedente". El fiscal ha considerado que "en el fondo" de esta última petición "puede tener razón, pero no es el momento" de solicitarlo.