El contable de los clubes A-3 de Ponferrada (León) y La Aguada (Piélagos), "dirigía" y "coordinaba" la red de prostitución, valiéndose como "brazos ejecutores" de varios empleados, entre ellos, aquel a cuyo nombre figuraba el alquiler de los establecimientos.

Ese "ficticio" alquiler, ha recordado la Fiscalía en su informe final ante la Audiencia de Cantabria, se lo traspasó la entonces esposa del contable, y lo hizo sin coste alguno para el supuesto nuevo propietario.

Pero era el contable, J.M.C. quien "dirigía" y "controlaba" todo lo que sucedía, apoyado de su pareja, M.M.G., una prostituta brasileña que utilizaba la "violencia y la coacción" contra el resto de mujeres que ejercían en ambos clubes que, para las defensas, en realidad "sabían a lo que venían" al irse de sus países buscando "dinero fácil".

El contable y su pareja eran las personas de contacto en España de las mujeres latinoamericanas, fundamentalmente de Brasil y Paraguay, aprovechándose de la "necesidad acuciante" que ellas padecían por sus problemas económicos, sostiene la Fiscal.

Los demás procesados, salvo el camarero, hacia quien se ha retirado la acusación, estaban a sus órdenes, para lo que el Ministerio Fiscal se remite a las escuchas telefónicas en las que se escuchaba a J.M.C. alardear de que uno de ellos, J.A.P., realizaría un trabajo porque "para eso le pagaba". Las grabaciones han sido impugnadas por las defensas, pero los peritos policiales aseguran que las voces coinciden.

Esta es la tesis que sostiene el Ministerio Fiscal y que ha expuesto en la última sesión del juicio que durante esta semana se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

Finalmente, en lugar de acusar a las cinco personas a las que se había procesado inicialmente, la fiscal ha decidido retirar la acusación contra uno de ellos, el camarero del local, secundando así a versión de su defensa de que sus funciones se ceñían exclusivamente al ámbito de la hostelería.

También ha rebajado la pena que solicitaba a otro de los acusados, el encargado de mantenimiento y transporte, pero las demás se mantienen en los mismos términos, y el principal acusado, J.M.C. sigue acumulando una petición de condenas que suman 30 años de cárcel.

Frente a esto, las defensas piden la absolución de todos los acusados, y han impugnado distintas pruebas. Uno de los letrados, Miguel A.Cocero, las ha impugnado todas, tras cuestionar tanto los métodos policiales como el trabajo judicial, que hacen que, en su opinión, la causa esté "viciada de nulidad".

"sabían a lo que venían"

Las defensas han argumentado que no hay ni una sola prueba de las denuncias realizadas por la Fiscalía y expresadas por las testigos protegidas, tres mujeres que huyeron de los locales y denunciaron los hechos ante la Policía.

De ellas tres, una falleció por lo que su testimonio se ha incorporado a través de una grabación de sus primeras declaraciones —en ellas describía su "miedo" y las condiciones "extremas" a las que las sometían—, la otra renunció a denunciar posteriormente y sigue ejerciendo en otro establecimiento y la tercera no ha podido comparecer pese a estar citada.

La fiscal ha rebatido las insinuaciones de las defensas sobre un ofrecimiento policial de regularización a la situación de extranjería de las denunciantes a cambio de denuncias a los responsables de los clubes.

En este sentido, ha argumentado que de hecho, una de las testigos fue expulsada, falleciendo después en su país natal, Paraguay, y otra no obtuvo los papeles hasta tres años después.

Frente a esto, las defensas esgrimen los testimonios de la decena de prostitutas que, a petición suya, declararon ante la Audiencia que ni habían visto ni sufrido amenazas, y que se habían pagado sus billetes hacia España, adonde "sabían a lo que venían" porque buscaban "dinero fácil"

Estas partes han hecho hincapié en que uno de los testimonios procedía de la propia hermana de la testigo protegida, la que falleció, y ha reprochado al Ministerio Fiscal que no haya obtenido más testigos que secundaran su tesis ni haya "movido ni un dedo" para buscar a la tercera testigo, en paradero desconocido.

A las peticiones de prisión, el Ministerio Público suma los de clausura definitiva de los locales para evitar que se sigan produciendo los hechos, y la indemnización en 12.000 euros a cada una de las denunciantes.

Desde las defensas, responden que una de ellas está en paradero desconocido y otra ni siquiera quiso personarse como denunciante, mientras que la otra falleció, de modo que cuestionan que puedan recibir las citadas indemnizaciones económicas, más aún cuando una de ellas sigue ejerciendo la prostitución.

Si en las sesiones previas el letrado Miguel A. Cocero insinuaba con nombre y apellidos el nombre del verdadero propietario del establecimiento de Piélagos y la localización geográfica de otros negocios similares suyos, en esta última sesión ha asegurado que esa persona "no existe".