Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han elaborado un paquete de medidas para reducir el fraude fiscal y reactivar la economía, a través del cual la Agencia Tributaria podría aumentar un 33% su recaudación anual, lo que equivaldría a un total de 1.226 millones de euros en Baleares, la mayor parte de los cuales, 967 millones, provendrían de la reducción de la economía sumergida.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente de este colectivo, Carlos Cruzado, al inicio del XI Congreso Nacional que se celebra en Palma, y en el que más de 300 representantes de las distintas asociaciones analizarán las diferentes propuestas económicas que plantea cada partido de cara a las elecciones generales.

Precisamente la lucha contra la economía sumergida es una de las principales políticas a seguir, a juicio de los técnicos de Hacienda, en la próxima legislatura para aumentar la recaudación y combatir así el déficit. La economía sumergida nueve en Baleares cerca de 5.000 millones de euros, incluyendo los 1.700 millones relativos al fraude de carácter laboral.

A ello hay que sumar, según ha explicado el presidente de Gestha, los casi 50.000 alquiler sumergidos que hay en las Islas Baleares, que representan casi el 60% del total, y la "brecha" fiscal entre las rentas declaradas por asalariados y empresarios de 7.448 euros más en el caso de los primeros, un desfase que demuestra que existe un fraude estructural en el colectivo de los autónomos, ha indicado al respecto.

Modificación del impuesto de sociedades e irpf

De este modo, el plan propuesto por los Técnicos de Hacienda pasa por la creación de un nuevo tipo impositivo para las grandes empresas -aquellas cuya facturación supere los 45 millones de euros- que eleve del 30% al 35% el gravamen aplicable a los beneficios que superen el millón de euros. Con esta única medida, la recaudación se elevaría a 226 millones de euros anuales en Baleares y se reduciría la brecha que separa el tipo medio efectivo de las microempresas y pequeñas empresas frente al menor tipo efectivo de las grandes corporaciones.

Junto a la modificación del Impuesto de Sociedades, Gestha propone replantear el IRPF para eliminar las normas contrarias a la progresividad, entre las que piden excluir las ganancias patrimoniales especulativas como rentas del ahorro. Además, si se elevara el tipo de este último gravamen hasta el 24% se obtendrían casi 33 millones de euros anuales adicionales en Baleares para las arcas públicas.

Lucha contra el fraude

A su vez, estas medidas se integrarían en un 'programa marco' enfocado a reducir la economía sumergida de nuestro país en diez puntos, hasta situarla al nivel de nuestros vecinos europeos, lo que se traduciría en unos ingresos adicionales de 38.500 millones de euros anuales a nivel estatal, que en el caso de Baleares supondrían 967 millones de euros anuales.

Dentro de las propuestas concretas para atajar el fraude, el presidente de los Técnicos de Hacienda ha mencionado la limitación en el uso del dinero en efectivo como una de las medidas que, a su juicio, supondría una reducción sustancial de la evasión fiscal, por lo que plantean a los partidos políticos que las facturas de más de 1.000 euros pagadas total o parcialmente en metálico, con cheques bancarios o documentos al portador no sean deducibles en el IRPF, el Impuesto de Sociedades e IVA.

Asimismo, ha apuntado la conveniencia de elaborar estudios oficiales detallados sobre la economía sumergida -tanto fiscal como laboral- y optimizar los recursos de la Agencia Estatal Tributaria y demás departamentos del Ministerio de Hacienda, "atribuyendo mayores competencias" a los 8.000 Técnicos en la lucha contra el fraude y el control del gasto público.

Con todas estas medidas como punto de partida, Cruzado ha instado a las fuerzas políticas a que promuevan un gran pacto fiscal, recuperando el espíritu de los Pactos de la Moncloa, dejando de lado los intereses partidistas, para lograr sacar al país de la grave situación económica en la que se encuentra.

La necesidad de este acuerdo queda "patente en las carencias del actual sistema tributario", que se traduce en una caída de la recaudación en los últimos años, al tiempo que se ha mostrado partidario de dotar de do en la conveniencia de que los Técnicos de Hacienda asuman más responsabilidades para luchar contra el fraude.