El alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz (PP), ha asegurado este martes que el empresario que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Granada por un posible delito de cohecho efectivamente le "intentó comprar", ofreciéndole a él y al concejal de Urbanismo un total de tres millones de euros a cambio de que no concedieran la licencia de primera ocupación de 46 viviendas ni recepcionaran la urbanización en la que se encontraba porque así lograría hacer "el negocio de su vida".

Durante la segunda sesión del juicio, presidido por un tribunal del jurado, el regidor ha explicado que el 25 de septiembre de 2007 mantuvo una reunión con el imputado, José Puertas Laguna, el representante de la constructora de las viviendas, Alcuba, y su letrado, a la que también asistió el edil de Urbanismo, Ignacio Pérez Cabrera.

En aquel encuentro, en el que el Ayuntamiento actuaba de mediador, Puertas Laguna se mostró en todo momento muy tenso, y llegó a decir a los representantes de Alcuba, a los que les recriminó que las viviendas no estuvieran terminadas, que los "iba a meter en la cárcel por chorizos".

No obstante, y pese a los intentos de la empresa de calmar la situación, Puertas Laguna no quiso llegar a ningún acuerdo, y rechazó incluso la oferta de Alcuba para comprarle sus 50 viviendas. "Él no tenía intención de llegar a ningún acuerdo, sino dilatar lo máximo aquello, porque tenía intereses y un aval de tres millones por ejecutar si la empresa no entregaba las viviendas en plazo", ha sostenido el primer edil.

Tras finalizar aquella reunión, el empresario quiso hablar "a solas" con el alcalde, y éste le dijo que accedería a hablar con él pero en presencia del concejal de Urbanismo. Fernández-Sanz asegura que le recriminó lo "impresentable" de su actitud durante la reunión, pero el empresario se mantuvo en sus afirmaciones de que quería llevar a la cárcel a los de Alcuba porque estaba en juego "el negocio de su vida", puesto que, según le dijo, al aval de tres millones de euros que podría cobrar si la empresa no entregaba en plazo las viviendas se sumaban otros 21 millones de euros que le podía revertir la operación.

Fue en ese momento cuando Puertas Laguna le dijo al alcalde que si él le ayudaba le entregaría tres millones de euros. "No me digas eso ni en broma", dice el alcalde que le contestó, a lo que el empresario continuó con un "te lo estoy diciendo muy en serio. Si me ayudas, tienes tres millones". Fernández-Sanz miró al concejal, que "estaba pálido", tras lo que el alcalde mostró su "cabreo" levantándose de la mesa y saliendo del despacho dando un portazo. Desde aquel día asegura que no volvió a ver más al procesado.

Al día siguiente el alcalde le comunicó lo ocurrido al resto de los concejales de su corporación, que sólo llevaba tres meses de mandato, y decidió poner el asunto en manos de los jueces. Por otra parte, las licencias se acabaron concediendo porque, pese a que los técnicos pusieron en un principio "reparos", las posibles deficiencias en las viviendas se fueron "subsanando".

Su testimonio es totalmente opuesto al ofrecido este lunes por el inculpado, que negó haber intentado sobornar al alcalde, y que la reunión se produjo a instancias del propio Fernández-Sanz, que incluso, según su versión, llegó a afirmar, durante a una visita a la urbanización, que aquello no estaba para ser recepcionado.

El empresario, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de dos años de cárcel, y multa de 3,2 millones de euros, había suscrito en 2003 un contrato de permuta con la empresa Alcuba por el que le vendía unos terrenos de unos 300.000 metros cuadrados para la construcción de una urbanización de unas 300 viviendas. En el contrato se incluyó la condición de que se le entregaran 50 antes del 31 de octubre de 2007, y con la premisa de que si la empresa no cumplía con sus compromisos, tendría que hacer frente a un aval de tres millones de euros y al pago de la cantidad de 430 euros por vivienda y por mes de retraso.

Según declaró, fue del alcalde de quien partió la idea de que Puertas Laguna y representantes de Alcuba se reunieran en el Ayuntamiento el 25 de septiembre de 2007 para intentar alcanzar un acuerdo sobre la terminación de las viviendas. Pero el encuentro resultó "tenso", puesto que Alcuba, que defendía que éstas ya estaban terminadas, le exigió a Puertas un total de 1,7 millones de euros por unas obras que había ejecutado fuera del proyecto, e incluso le ofreció comprarle las 50 viviendas que tenía que entregarle.

El empresario reaccionó ante la petición de Alcuba y se negó a venderle las 50 viviendas que le correspondían, instándole además a que las terminaran, lo que, a día de hoy, según ha indicado, aún no se ha producido. Sabía que Alcuba no estaba "muy boyante" y no creyó que le fueran a comprar las viviendas, valoradas en unos 360.000 euros cada una. No obstante, el alcalde propuso una nueva reunión posterior, a la que todas las partes accedieron, según relató el procesado.

Una plaza con su nombre

Al terminar aquella reunión, el alcalde dijo al empresario "Pepe, no te vayas que quiero hablarlo contigo", así que éste accedió a permanecer en el Ayuntamiento en presencia del concejal de Urbanismo. Fernández-Sanz le volvió a reiterar que él no podía decidir acerca de las licencias de primera ocupación de las viviendas o acerca de recepcionar o no las obras, y que eso habrían de decidirlo los técnicos. Tras esa conversación, el alcalde le pidió al empresario que le cediera un solar que éste poseía en el centro de Otura para la construcción de un aparcamiento o una plaza pública, a la que le prometió, ha remarcado, ponerle el nombre de "Pepe Puertas", algo que no interesó al imputado.

Al cabo de los días, Puertas Laguna se enteró de que el Ayuntamiento había recepcionado las obras, y fue a pedirle explicaciones al alcalde y a los técnicos, a los que se dirigió preguntándoles "con qué gafas habían mirado las viviendas", porque, en su opinión, se podía observar claramente que no estaban concluidas.

Los técnicos le contestaron que se habían limitado a cumplir con la legalidad, pero después supo que éstos se habían negado a la recepción, y que había sido el alcalde quien la había concedido, razón por la que le denunció por un posible delito de prevaricación, junto con todo el equipo de gobierno, una denuncia que recientemente ha derivado en un auto de procedimiento abreviado que sitúa al regidor a un paso de la celebración de vista oral por este asunto.

El Ayuntamiento de Otura ejerce la acusación popular en este caso, por el que pide un año y medio de prisión y multa de tres millones de euros al empresario. Los hechos fueron denunciados en febrero de 2008 por el propio alcalde de Otura, que en su día hizo constar en la denuncia que él le recriminó al inculpado su actitud, cuando le propuso entregarle tres millones de euros para evitar que la urbanización se recepcionase.

La defensa del empresario, que pide su libre absolución, sostiene que todo es producto de un "enconamiento absoluto" entre el alcalde y Puertas Laguna, y afirma que la beneficiada ha sido en cualquier caso la empresa Alcuba, que aún no ha ejecutado el aval previsto, ni ha pagado indemnización alguna al acusado.