La Generalitat Valenciana ha aprobado un plan de eficiencia en la gestión de la Administración de Justicia que supondrá un ahorro total de 4,43 millones de euros en 2012. Tal y como ha avanzado este martes el conseller de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, “no se trata de recortes”, ya que el ahorro se destinará principalmente a pagar a los proveedores de electricidad, materiales y mantenimiento, que en estos momentos tienen dificultades para cobrar.

El programa pretende poner orden en  el gasto corriente relacionado con el mantenimiento y los suministros de los juzgados. El primer apartado se refiere al consumo energético. El adjudicatario que presta el servicio de mantenimiento y conservación a las sedes judiciales de los 36 partidos judiciales se compromete a reducir el consumo energético un 10% anual, lo que equivale a 400.000 euros. Si no cumple, la propia Conselleria le cobraría ese importe en consumo energético. Además, gracias al plan estatal 2000-ESE se minorará en 600.000 euros anuales el coste energético de los siete juzgados más grandes.

En cuanto al ahorro en papel, el más destacado es la sustitución del papel de oficio (con el sello de la Generalitat) por folios normales en los que posteriormente se imprimirá una marca de agua. Este ahorro será de un millón de euros. Además, la Conselleria obligará a imprimir a doble cara (181.000 euros menos), a notificar a través de Internet y a escanear en lugar de fotocopiar las sentencias (50.000 euros). Estos dos últimos apartados supondrán la reducción del consumo de papel en 20 millones de folios menos al año, con el consiguiente impacto, además de económico, medioambiental.

Otro de los conceptos más chocantes, por lo elevado del ahorro, es lo que la Conselleria de Justicia denomina “racionalización del uso del taxi”, con la que pretende dejar de gastar 700.000 euros al año en estos vehículos. Lo hará, según Cabré, potenciando la videoconferencia para que jueces y fiscales no tengan que realizar tantos desplazamientos, que en ocasiones suponen toda una mañana de tiempos muertos en los que el taxista espera a su cliente durante todas sus gestiones con el taxímetro facturando.

“Tengo la sensación de que ahora no se está consiguiendo el ahorro deseado en taxis”, ha relatado el conseller, para quien todas estas medidas “son de sentido común”. En su opinión, la política social “no es solo Sanidad, Educación y Bienestar Social. La Justicia también forma parte de ella y sin una justicia ágil, rápida y de calidad, el ejercicio de los demás derechos sociales queda en el papel”.

En cuanto al material de oficina, la Conselleria llimitará a 10 euros trimestrales el consumo por funcionario en bolígrafos, gomas y lápices, pero “si un juzgado necesita más material y nos justifica por qué, se les facilitará lo que haga falta sin problemas”, afirma el conseller Cabré. Por último, se liberarán alquileres de edificios administrativos por un importe de 778.000 euros al año.

Proveedores sin cobrar

Los 4,4 millones que la Generalitat prevé ahorrar con este plan se destinarán a pagar a los proveedores para solventar los problemas endémicos de la justicia, como “que no falte papel higiénico, a problemas de seguridad, limpieza y a poder pagar los taxis”, explicó el propio conseller. La cifra supone el 20% del gasto de funcionamiento de los juzgados de la Comunitat Valenciana y el 2% del presupuesto autonómico en justicia para 2011.