La secretaria de Inmigración afirma que el Gobierno "hizo los deberes" con un reglamento que "genera seguridad jurídica"

Soraya Rodríguez pide a los partidos que "expulsen" a los dirigentes que utilizan la xenofobia "como arma política"
Rueda De Prensa Del PSOE Sobre Políticas Sociales En Inmigración
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PSOE DE VALLADOLID
Rueda De Prensa Del PSOE Sobre Políticas Sociales En Inmigración

La secretaria de Estado de Inmigración, Ana Terrón, ha aseverado este martes que el Gobierno "hizo los deberes" durante esta legislatura al haber aprobado la Ley de esta materia y el actual reglamento que, a su juicio, "genera mucha seguridad jurídica y clarifica cómo y con qué requisitos se hacen las cosas".

En declaraciones recogidas por Europa Press, la secretaria de Estado ha repasado las políticas sociales en materia de inmigración desarrolladas por el Gobierno socialista en los últimos años y ha evidenciado que la tendencia actual es que se frene el ritmo de crecimiento del número de extranjeros en toda España y también en Castilla y León.

A juicio de Ana Terrón, que ha mantenido este martes un encuentro con representantes de 35 organizaciones sociales en Valladolid, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero "he hecho los deberes" en los últimos años de legislatura, con la aprobación de la Ley de la Inmigración en junio de 2009; y el desarrollo del reglamento este mismo año.

Esta normativa, según la secretaria de Estado, aporta "mucha seguridad jurídica y clarifica cómo y con qué requisitos se hacen las cosas", como en el caso de las referencias al Iprem para acceder a las distintas categorías. Por ello, el objetivo de los socialistas, ha incidido, será "seguir en la línea de la gestión ordenada de la inmigración", con "normas claras" para entender los derechos y deberes.

Ana Terrón ha incidido en que las bases de la política migratoria del PSOE ha sido la ordenación de la gestión y afianzar "un sólo marco para que todos tengan los mismos derechos y deberes", así, a su juicio, se ha conseguido vincular la inmigración con el mercado de trabajo para que "cuando hubo una demanda de trabajadores la fórmula se ensanchó", mientras que en la actualidad se ha frenado el movimiento migratorio ante la escasa demanda existente.

Estos cambios se perciben también en las cifras de Valladolid y de Castilla y León, ya que, en datos regionales, entre 2004 y 2005 el número de residentes extranjeros —incluidos de países que actualmente están integrados en la Unión Europea— incremento un 37,8 por ciento; mientras que de entre enero y junio de 2011 el crecimiento ha sido sólo del 2 por ciento. En Valladolid, esa evolución fue de 35,9 por ciento entre 2004 y 2005; y del 3 por ciento en el primer semestre de este año.

"poco interés de la junta"

Por su parte, el procurador socialista Jorge Félix Alonso ha recordado que pese a que el Gobierno de España ha desarrollado la normativa de inmigración, las "políticas del día a día" son competencia de la autonomía y ha criticado que la Junta de Castilla y León no ha aprobado la Ley autonómica, por lo que muestra "poco interés por las políticas de integración y cohesión".

Por otra parte, la secretaria de Estado de Inmigración fue preguntada por los panfletos repartidos por el Partido Popular en el distrito barcelonés de Ciutat Vella que vinculan delincuencia e inmigración, y ha criticado los "discursos fáciles y xenófobos" porque pueden "calar muy hondo" pese a que "no aportan nada". No obstante, ha puntualizado que no es "una actitud general" en el PP.

Mientras tanto, la candidata del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Valladolid Soraya Rodríguez ha aseverado que los partidos políticos deben "repudiar y expulsar de su seno" a aquellos que "utilizan la xenofobia como un arma política".

Ana Terrón ha añadido, en defensa de los trabajadores inmigrantes, que no se debe confundir delincuencia e inmigración, pues ha puesto el ejemplo de un individuo que sea detenido al llegar al aeropuerto de Barajas con un kilogramo de cocaína, ya que se computa como un delincuente pero no es un inmigrante.

"Hay gente que viene a robar o a traficar en redes de delincuencia internacional y eso no es inmigración", ha aseverado la secretaria de Estado, quien ha apostillado que si se pierde los 1,8 millones de trabajadores extranjeros que tienen el alta en la Seguridad Social "se crearía un problema en el empleo doméstico o en el cuidado de mayores".

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