Los sueldos de la cúpula de la CAM crecieron un 94% desde 2004 frente al aumento del 3% de los beneficios, según CCOO

La remuneración media del consejo de administración y de la alta dirección de las quince mayores entidades financieras españolas, entre bancos y cajas de ahorros, creció un 48 por ciento de 2004 a 2010 frente al incremento del 27 por ciento de los beneficios, brecha que aumenta en el caso de Caja Mediterráneo (CAM), en la que los sueldos de la cúpula se incrementaron un 94 por ciento y los beneficios crecieron un 3 por ciento en ese mismo periodo.
Sede De CAM En Alicante
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EUROPA PRESS
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La remuneración media del consejo de administración y de la alta dirección de las quince mayores entidades financieras españolas, entre bancos y cajas de ahorros, creció un 48 por ciento de 2004 a 2010 frente al incremento del 27 por ciento de los beneficios, brecha que aumenta en el caso de Caja Mediterráneo (CAM), en la que los sueldos de la cúpula se incrementaron un 94 por ciento y los beneficios crecieron un 3 por ciento en ese mismo periodo.

Así se desprende de los datos presentados por el secretario general de Comfia CCOO, José María Martínez, extraídos de un estudio sobre remuneraciones en el sector financiero, que arroja un aumento de los emolumentos de la cúpula de las nueve grandes cajas de ahorros del 47 por ciento en estos años, mientras que el beneficio se redujo un 7 por ciento.

Martínez sostiene que el caso "más sangrante" de retribuciones corresponde a las cajas de ahorros nacionalizadas, entre las que figuran Catalunya Caixa, Novacaixagalicia y CAM, donde la remuneración media de la cúpula creció un 93 por ciento, un 68 por ciento y un 94 por ciento, respectivamente, mientras que los beneficios cayeron un 53 por ciento en el caso de la primera y un 47 por ciento en el de la segunda, y aumentaron solo un 3 por ciento en el de la caja alicantina.

En su opinión, esos emolumentos en relación a la ganancia ponen de manifiesto los fallos en el control interno y externo de estas tres cajas de ahorros, y que la responsabilidad es compartida entre las comunidades autónomas y el Banco de España, aunque considera que los sindicatos también han de asumir parte de la culpa.

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