El grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Huesca ha propuesto para su debate en el pleno municipal de este miércoles que el Consistorio analice qué contratas podrían ser asumidas por el sector de la discapacidad en la ciudad.

Además, pedirá al Ayuntamiento de Huesca que busque la fórmula legal oportuna para que pueda adjudicar todos los servicios que tenga externalizados a aquellas empresas del sector de la discapacidad de la ciudad que tengan la capacidad de prestarlos y que la duración del servicio prestado por asociaciones o empresas de este sector sea, como mínimo, la de la actual legislatura.

El portavoz de CHA en el Consistorio oscense, Luis Gállego, ha argumentado que la Ley de Integración Social de los Minusválidos establece que el dos por ciento de la plantilla de las empresas privadas con más de 50 empleados tengan algún tipo de discapacidad.

Esto "se incumple con toda impunidad desde su promulgación ya que los distintos gobiernos del Estado no han puesto interés en su cumplimiento, ha expuesto.

Tras dejar claro que CHA "no es partidaria de las subcontratas", Gállego ha apuntado que "entendemos que si por el motivo que sea, hay que externalizar algún servicio municipal, debe hacerse dándole una visión social, o lo que es lo mismo, contratando servicios a las organizaciones que estén asociadas a la Coordinadora de Asociaciones de Discapacitados (CADIS)".

En este sentido, ha defendido que "la calidad del trabajo que realizan estas empresas y asociaciones es, como mínimo, igual al que nos prestan el resto".

El portavoz de CHA ha manifestado que "no existe beneficio para la ciudad cuando empresas de ámbito estatal, con oficinas instaladas lejos de Huesca, presta algún tipo de servicio al Ayuntamiento, además de que los ajustes que hacen en el precio para conseguir el contrato suelen ser a costa de recortar salarios, no beneficios".

Sin embargo, las empresas del sector de la discapacidad "sí aportan un beneficio efectivo al conjunto de la ciudad pues proporcionan un puesto de trabajo a personas discapacitadas y una red de servicios que, en muchos casos, son competencia de las administraciones públicas".