El acusado de liderar una red de prostitución contra extranjeras: "Soy como un padre para ellas"

El procesado asegura que estaban "encantadas" y "entraban y salían cuando querían"
Juzgados
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EUROPA PRESS
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El presunto cabecilla de una red de prostitución de extranjeras en clubes de Cantabria y de León ha defendido este lunes ante la Audiencia de Cantabria que las mujeres que trabajaban en el local estaban "encantadas" con el trato que recibían.

"Soy como un padre para ellas", ha remarcado, enumerando que las "chicas" recibían alojamiento, se las daba "bien" de comer, se las "llevaba y traía" y "se las trataba con cariño" porque el local "era como su casa".

J.M.C., en realidad, ejercía de contable tanto del local 'La Aguada' en Piélagos como del 'A-3' en Ponferrada (León), negocios que ha descrito como "establecimientos públicos", hoteles en los que las "chicas" pagaban 40 euros, y "entraban y salían cuando querían" sin que nadie les obligara ni retuviera dinero.

Lo que sucedía es que las mujeres subían a las habitaciones acompañadas según les interesara, conviniendo ellas los precios con los clientes y quedándose con el dinero pactado.

Así que el negocio de estos clubes lo daba la venta de copas en el bar. "Las chicas no son el negocio. Es la ruina en sentido económico", ha afirmado el procesado, para quien el Ministerio Fiscal pide penas que suman 33 años de cárcel.

Junto a él, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial juzga esta semana a otras cuatro personas, entre ellas su pareja —prostituta— y personal del establecimiento, para quien, en su conjunto, las penas llegan a los 30 años de prisión.

El Ministerio Público les acusa de delitos de detención ilegal, explotación y prostitución y contra los derechos de los trabajadores, por captar a las chicas en sus países de origen, facilitándolas el viaje a cambio de dinero, que luego debían devolver a los responsables de los clubes, que, además, impidiendo abandonarlo y sometiéndoles a jornadas de trabajo de diez horas diarias.

Son unas tesis que niegan las defensas, que han intentado pedir la nulidad de pruebas como las grabaciones practicadas en la causa, que, según ha expresado el abogado Miguel A.Cocero, obedecen a que la Policía ofreció a las mujeres legalizar su situación si denunciaban.

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