Un jurado popular enjuicia a partir de este lunes en la Audiencia Provincial de Granada a un empresario acusado de un posible delito de cohecho al intentar sobornar al alcalde de Otura (Granada), Ignacio Fernández-Sanz, y al concejal de Urbanismo de la localidad, a los que supuestamente ofreció la suma de tres millones de euros a cambio de que el Ayuntamiento no concediese licencias de ocupación de 46 viviendas.

El empresario, representante de Puertas Melero S.A., se enfrenta a una pena de dos años de cárcel, multa de 3,2 millones de euros, e inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público.

Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía de Granada, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan al pasado 25 de septiembre de 2007, después de que se celebrara en el Ayuntamiento de Otura una reunión en la que participó el procesado, el consejero delegado de otra empresa y su asesor jurídico, el alcalde, y el entonces edil de Urbanismo, Ignacio Pérez. El encuentro tenía la finalidad de solventar los problemas existentes en la construcción de varias viviendas en Otura, aunque no se llegó a alcanzar ningún acuerdo.

Terminada la reunión, según el fiscal, y una vez que los representantes de la otra empresa se habían marchado, el procesado les ofreció la suma de tres millones de euros al alcalde y al concejal a cambio de que no concedieran a la otra entidad las licencias de primera ocupación de las 46 casas que quedaban pendientes y no recepcionaran la urbanización en la que se encuentran.

Los hechos fueron denunciados en febrero de 2008 por el propio alcalde de Otura, que en su día hizo constar en la denuncia que, de no conceder esas licencias, el empresario, identificado como José P.L., hubiera ejecutado un aval de tres millones de euros que vencía el 8 de enero de 2008, y además podría haberse quedado con las viviendas.

De hecho, según su contrato con la promotora, ambas cosas pasarían a manos del propietario del terreno, es decir José P.L., en caso de que no se hubieran cumplido los plazos de entrega de las viviendas y de su recepción por parte del Ayuntamiento.

Según señalaba Fernández-Sanz en la denuncia, él le recriminó al inculpado su actitud, diciéndole que no se atreviera a hacerle esa oferta puesto que él se iba a limitar a cumplir con la legalidad, a lo que José P.L. insistió, siendo el regidor quien dio por finalizada la conversación.

El asunto motivó también que el alcalde de Otura se querellara contra el hijo del empresario por injurias y calumnias, ya que, cuando se recepcionó la urbanización, el 16 de noviembre de 2007, éste interpuso un recurso de reposición contra dicha resolución y acusó a Fernández-Sanz de un posible delito de prevaricación y falsedad en documento administrativo.