La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Pilar de la Oliva, ha afirmado que la sobrecarga en la mayoría de los juzgados de la autonomía impide señalar un juicio por despido antes de un año o resolver la situación de una empresa que ha entrado en concurso. "Y no parece que esto contribuya a dinamizar la actividad económica", ha aseverado.

De la Oliva se ha mostrado tan contundente en su discurso en el acto de apertura del Año Judicial 2011-2012, que también ha estado presidido por el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo; y por el secretario de Gobierno del TSJCV, Jesús Olarte. Asimismo, han asistido al acto, entre otros, la portavoz y el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo y Fernando de Rosa respectivamente; el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra; la delegada del Gobierno, Ana Botella; y presidentes de audiencias provinciales, salas, jueces decanos, magistrados y jueces, además de miembros del ministerio público.

Pilar de la Oliva, que es la primera vez que comparece en este acto tras ser nombrada presidenta del TSJCV en octubre del pasado año, ha realizado un análisis de la situación de la Justicia y ha pedido ayuda a las administraciones públicas para seguir adelante. Ha comentado que se necesitan medios materiales y humanos, y a este respecto ha comentado: "el déficit de medios en la Justicia es histórico. Pero hoy, los juzgados nos encontramos en estado grave con pronóstico reservado". Por este motivo ha abogado por un Pacto de Estado.

En este sentido ha recordado un informe del CGPJ de diciembre de 2010, que señalaba que con carácter urgente la Comunitat necesitaba 63 nuevas oficinas judiciales. Y evidenció que, por ejemplo, los juzgados de lo Mercantil soportaban cada uno el trabajo de tres; y que los juzgados de lo Social tenían más del doble de la carga de trabajo que los módulos fijaban como idóneas.

Esto significa, según ha comentado, que hay "riesgo de impunidad" en los partidos más castigados por las modalidades más sofisticadas y peligrosas de la delincuencia internacional, porque el tiempo de tramitación es "excesivo"; o significa que no se puede señalar un juicio por despido antes de noviembre del año que viene. Y "no parece razonable", ha apostillado.

Además, esta situación de "shock" en muchos juzgados, tal y como ha explicado, hace que una empresa en concurso no pueda salir de esa situación en menos de un año. A su juicio, esto no parece que contribuya a dinamizar la actividad económica, "que tanta falta hace", ni a minimizar el impacto de una situación de debilidad de quienes dependen de un subsidio de desempleo para salir adelante.

En esta línea ha recordado que las dificultades económicas actuales han afectado a la creación de nuevos órganos, de sedes judiciales que permitan acoger con dignidad a los tribunales y a los ciudadanos que acuden a ellos. Pero como se ha mostrado partidaria de no militar en la queja, ha indicado que trasladó recientemente al CGPJ la posibilidad de agrupar partidos judiciales, conservando las sedes actuales, como primer paso para racionalizar el trabajo. También ha abogado por seguir con la modernización.

Junto a ello, ha avanzado que trasladará al Consejo la propuesta de que parte de los jueces que salgan de la Escuela Judicial en febrero de 2012 sean destinados a reforzar órganos de la Comunitat, con el objetivo de dinamizar el ritmo de las resoluciones.

Con todo, la presidenta ha aseverado que para que la Justicia cumpla su determinante papel, "necesita" la ayuda de las administraciones públicas en lo que a medios se refiere, y precisa de reformas legislativas que contribuyan a responder a las exigencias de la sociedad.

Modernización y planta judicial

Por su parte, Jesús Olearte ha lamentado la situación en la que se encuentran los secretarios judiciales ante el incremento en el número de asuntos y ha abogado por varios aspectos: la modernización, la puesta en marcha de la Oficina Judicial y la revisión de la actual planta judicial.

Respecto al primer punto, se ha congratulado de que varias leyes aprobadas y otras anunciadas permiten que la Administración de Justicia aborde "por fin" el proceso de modernización integral, la reconversión que necesita.

En cuanto a la Oficina Judicial ha señalado que es una "necesidad ineludible". Ha explicado que el incremento en los juzgados y tribunales "no permite mantener las estructuras y formas de trabajo vigentes, propias de una sociedad diferente". Y ha señalado que "también habrá que repasar la planta judicial", ya que "resulta insostenible una estructura judicial dividida en muchos partidos judiciales, con muchos edificios, muchos servicios comunes y muchas unidades. Es insostenible y es poco eficaz".