Los trabajadores del ámbito social se manifestarán esta tarde en Palma, a partir de las 18.00 horas desde la Porta d'es Camp, con el fin de llamar la atención sobre el hecho de que 82.000 personas con necesidades sociales han dejado de recibir atención en Mallorca a través de las distintas entidades, después de que las instituciones públicas hayan recortado este año en 45 millones de euros la financiación destinada a los distintos programas en este ámbito.

Asimismo, mediante esta marcha por una atención social "digna", que concluirá en el Consolat de Mart, también denunciará que los recortes han afectado a 2.000 profesionales que se han quedado en el paro o que se encuentran en procesos de Expedientes de Regulación de Empleo.

Uno de los portavoces de un grupo de profesionales del ámbito social, Jordi Fuster, recalcó esta semana que entre las 82.000 personas que han dejado de recibir atención social en la isla, se encuentran ciudadanos con algún tipo de discapacidad o enfermedad mental; personas que se están rehabilitando de las drogas; jóvenes que están recibiendo formación; parados de larga duración y familias en exclusión social.

"Son historias de personas reales, que no tendrán alternativa por parte de la administración pública, como tampoco tendrán alternativa los 2.000 profesionales que se van al paro", reprobó Fuster, quien apuntó que los recortes no sólo afectan a las entidades sin ánimo de lucro que recibían subvenciones, sino también a los orientadores laborales de entidades públicas, como el INFOF.

Como ejemplo de ello, otra de las portavoces, Antonia Toledo, detalló que sólo en el INFOF, se ha recortado la plantilla en 29 orientadores laborales y personal administrativo, lo que afecta a 4.000 usuarios al año, al tiempo que ha apuntado que también se han quedado sin empleo 13 educadores familiares, que atendían a 80 familias al año.

Además, añadió que también se ha recortado la plantilla de los dinamizadores juveniles en 15 personas, dejando de atender así a 2.000 niños, mientras que ha desaparecido el Programa Exit y los profesionales que atienden a los discapacitados llevan "cuatro meses sin cobrar".

Según opinan, las consecuencias a corto plazo de esta situación podría provocar un aumento del malestar social y de la conflictividad, aumento en gastos sanitarios debido a la desatención de problemáticas como la salud mental o las drogodependencias, y un aumento del gasto en el ámbito penitenciario, por la desaparición de la tarea preventiva.

"Todo esto ataca directamente al Estado del Bienestar, eje central y cohesionador de nuestra sociedad. Ante esta situación, reclamamos por parte de las administraciones, una apuesta firme y real por los servicios básicos hacia la ciudadanía por tal de garantizar de forma total la cobertura de su bienestar y de sus derechos que aparecen contemplados a nuestra Constitución", indican.