El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Juan Martínez Moya, ha apostado por nuevas fórmulas de pago de la Justicia para determinados sujetos, debido a que el Estado "no puede soportar el ingente volumen de asuntos que llegan a la Justicia".

Así, se ha mostrado a favor de un "copago, pero no de una manera universal, sino racional y según los recursos y los sujetos que pidan tutela judicial". Es decir, "un conflicto entre empresas, entre entidades financieras, no tiene por qué ser costeado por el Estado, sino que debe exigir fórmulas de una aplicación importante de tasas judiciales", al contrario de si es "un conflicto de un trabajador con su empresario o de una víctima de delito en un proceso penal".

De ahí que haya reclamado "nuevas fórmulas que alivien la reducción de litigiosidad, y se creen otros espacios, bien sea mediación, que impidan que lleguen a los tribunales un importante número de asuntos", puesto que, ha advertido, "hay que racionalizar al máximo nuestros recursos".

Y es que, "invertir en justicia es rentable socialmente, pero gastar en justicia a veces no es tan imprescindible"; razón por la que ha sostenido que hay que empezar a pensar que la reducción de la litigiosidad "tiene que venir dada por ideas imaginativas".

Martínez Moya, que ha hecho estas declaraciones momentos antes de comenzar su discurso con motivo de la apertura del Año Judicial 2011-2012, celebrado en la Ciudad de la Justicia, ha defendido en este sentido el papel del juez, que no es ajeno y a veces también sufre los muchos dramas que vive la sociedad actual", aunque ha puntualizado que éste "es vasallo de la ley pero no está en una torre de marfil".

Con estas declaraciones ha hecho referencia a la actual situación de crisis económica que, en su opinión, "ha impregnado hasta las fibras más sensibles de nuestro tejido social: la vivienda familiar y el importante número de desahucios que se vienen produciendo".

Así, ha hecho un llamamiento al estudio singularizado de cada caso y a los poderes legislativos para que se articulen "fórmulas de solución de este conflicto social, bien sea intensificando la responsabilidad social de las entidades financieras o arbitrando futuras medidas legales, como la dación en pago del bien hipotecado para la completa liberación de la deuda o conversiones en otras figuras negociables".

En una parte de su alocución dedicada al papel del juez y la responsabilidad social, ha abogado por una "adecuada organización de los tribunales que permitan optimizar nuestros recursos", ya que, ha continuado, "se debe contar con normas procesales que permitan agilizar respuestas y aspirar a leyes que nazcan del consenso social y cuya aplicación no genere eternos debates".

Por ello, considera que "el poder judicial debe estar implicado en todas las decisiones que afecten al ejercicio de la función jurisdiccional".

En esta línea, también ha defendido el principio de independencia judicial y su mantenimiento "frente a la amenaza del poder ejecutivo y de la corrupción", pero advierte que conseguir un Justicia de calidad "exige notables y muy variados esfuerzos, que no tienen por qué comportar más gasto, sino todo lo contrario, reducción de costes".

De forma que "se seguirá trabajando, con la ley, de modo imparcial, justo y equitativo, y tratando de ser eficaces. Si nos equivocamos, aceptaremos las críticas, ya que los jueces sabemos y debemos soportar las críticas".

No escenario propicio

Independientemente de los avances y logros conseguidos este año, Martínez Moya ha llamado a la prudencia, ya que la crisis y las cuestiones presupuestarias, así como el proceso de modernización en el que los órganos judiciales de la Región están inmersos y nuevos avances tecnológicos "no parecen conformar un escenario propicio para culminar este proceso en breve espacio de tiempo".

Las razones responden "al ritmo de los esfuerzos e inversiones en marcha, en el que estas incertidumbres nos han hecho perder una oportunidad al quedar relegados en la implantación del expediente judicial electrónico imprescindible en la implantación de la oficina judicial", así como a la necesidad de "contar un plan estratégico de Justicia en la Región y no crear desigualdades entre los ciudadanos de toda España".

Entre los avances mencionados ha hecho referencia a nuevas leyes y un nuevo diseño de organización judicial, como la Nueva Oficina Judicial (NOJ), el incremento de la planta judicial (49 nuevas unidades judiciales), una plantilla judicial estable, o un proceso de normalización de infraestructuras y edificios judiciales en toda la Región.

Con la asignatura "pendiente", dice, de "materializar la legítima aspiración para que la ciudad de Lorca cuente con una sede judicial moderna, acorde a su entidad histórico-patrimonial, y más ahora, en momentos enormemente trágicos". Al hilo, ha adelantado que Lorca "verá materializada la división de jurisdicciones civil y penal".

Martínez Moya, que ha declinado hablar este año, como lo ha hecho en anteriores, de ratios de jueces, escasez de plantillas o insistir en la necesidad en infraestructuras, ha dejado claro que "no es tiempo de lamentos, sino de trabajo".

De ahí que haya confesado que los esfuerzos se centrarán en "identificar y planear la modernización de la Justicia, con espíritu de concordia y consenso, y fortalecer institucionalmente los mecanismos que garantizan la independencia judicial".

Aplicar la ley de modo "imparcial y justo"

En otro orden de cosas, ha hecho hincapié en la labor del juez, argumentando que éste "difícilmente estará realmente satisfecho y sus decisiones nunca serán geniales, pero habrá cumplido su misión, si ha aplicado la ley de modo imparcial, justo, equitativo y eficaz", para lo que ha parafraseado al recientemente fallecido presidente de Apple, Steve Jobs, cuando en su discurso en la Universidad de Standford hizo un llamamiento a la superación.

Así, ha dado su enhorabuena a los hombres y mujeres que trabajan en la Administración de Justicia en la Región por los "altos" índices de sentencia de los juzgados y tribunales murcianos. Aunque en el segundo trimestre de 2011 "se empieza a constatar una cierta tendencia a la baja en el volumen de ingreso de asuntos (un 8,4 por ciento) respecto al mismo periodo del año anterior, ha insistido en "no caer en el desánimo".

Razón ésta por la que el TSJ de Murcia "ha apostado por la innovación y los emprendedores", como el proyecto apostilla electrónica, o por el Ministerio de Justicia, como las subastas judiciales electrónicas y la formación en red con la Redinju.

Por su parte, el fiscal superior de la Comunidad, Manuel López Bernal, ha avanzado que "se ha mantenido, inclinándose a la baja, la delincuencia en la Comunidad y hay algunos datos indicativos de reducciones en algunos campos, como pueda ser que el año pasado tanto preocuparon los robos en casas habitadas".

Para concluir, el TSJ de Murcia ha realizado este año un homenaje al Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. Con este reconocimiento, se pretende destacar "la autoridad y respeto que ofrece esta institución", ha reseñado Martínez Moya.

Con referencia en su discurso a Ruiz Funes, el presidente del TSJ de Murcia ha puesto de manifiesto que la institución homenajeada es una "página brillante de la historia de nuestro Derecho, si bien tiene pocas huellas procesalistas y escasa semejanza con la organización judicial del legislador".