El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha reivindicado un "compromiso general" que permita "en plazos razonables" solucionar los "graves problemas estructurales, personales y presupuestarios" que aquejan a la Justicia en España, "alejando un tema de tan evidente trascendencia general del debate político partidario, en aras a un consenso esperanzador".

Tolosa se ha expresado así durante la Apertura del Año Judicial en la región, acto en el que se ha referido al debate "de gran profundidad" que se está registrando en la actualidad en todo el país acerca de los costes de la Justicia y, "lo que es más importante", de "quiénes tienen la obligación de soportarlos".

En este sentido, y tras opinar que los poderes públicos deben dotar a la Justicia de los recursos económicos necesarios para colocarla "al nivel" de otras administraciones públicas, el presidente del TSJC ha reflexionado que las dificultades económicas "no pueden ser un obstáculo" en la puesta en marcha de medidas que "necesariamente tienen que tener un desarrollo a largo plazo".

"La Justicia es un servicio esencial del Estado y, por tanto, su tratamiento presupuestario se debe equiparar al de otros servicios indispensables para el ciudadano", ha defendido.

Al hilo de lo anterior, ha considerado "oportuno e interesante" el debate sobre la posibilidad de establecer un ingreso para los ciudadanos que acuden a los tribunales a reclamar "injustificadamente" o que se "oponen en juicio" a reclamaciones de otros ciudadanos que "saben justas".

"La exigencia de este ingreso habría de definirse bajo la regla del vencimiento objetivo —paga quien pierde— salvo en los casos en que se disfrute del beneficio de justicia gratuita o cuando los tribunales entiendan que la pretensión desestimada era jurídicamente insostenible", ha argumentado Tolosa.

En cualquier caso, ha sentenciado que el acceso a la tutela judicial efectiva no puede estar "limitado o mediatizado" por los recursos económicos de quien solicita su amparo.

En otro orden de cosas, el presidente del TSJC ha planteado la modernización de la distribución territorial de los actuales órganos judiciales, ya que, por ejemplo, la configuración de los partidos judiciales es "obsoleta". "Las demarcaciones judiciales deben tener una mayor extensión" para aprovechar las mejores infraestructuras de transporte y las nuevas tecnologías de la comunicación, y mejorar así la eficiencia de esta administración.

También se ha referido a la implantación de la nueva oficina judicial, que ha generado "graves problemas" en Burgos y en Murcia, como el incremento de la burocratización, por lo que se deberá tener en cuenta esta experiencia a la hora de poner en marcha la de Cantabria.

Con todo ello, Tolosa ve "imprescindible" un "cambio de mentalidad" en las personas implicadas en esta administración, cambio que a su juicio debe abarcar las rutinas, métodos de trabajo y dinámicas operativas.

Tras expresar su deseo de que se retome en el futuro el proyecto de Ley de los Tribunales de Instancia para ir sustituyendo de forma progresiva los órganos judiciales unipersonales, Tolosa se ha referido también a la potenciación de vías alternativas a la resolución judicial, como la mediación.

Alarmante aumento de los litigios

Todo ello es necesario, según ha dicho, para paliar el "alarmante incremento de la litigiosidad" registrado en los últimos diez años en todo el país (ha aumentado un 150%, mientras que el número de jueces solo se ha incrementado un 25%, de modo que hay 10,6 por cada cien mil habitantes, frente a la tasa europea, que ronda los 20).

Estos datos ponen de manifiesto la necesidad de acometer una "profunda reestructuración" de la planta judicial y un "incremento considerable" de los jueces, ha apuntado.

De Cantabria ha resaltado que es "la única comunidad" donde la tasa de litigiosidad —número de pleitos por cada mil habitantes— aumentó en 2010, un 0,3% respecto al año anterior, mientras que en algunas regiones llegó a descender casi un 10%.

Frente a ello, el presidente del TSJC ha valorado que la actividad en los juzgados y tribunales se ha "estabilizado", al tiempo que se ha incrementado el índice de resolución de los asuntos y se mantiene casi invariable la tasa de pendencia.

En el campo de las nuevas tecnologías, Tolosa ha recordado que el proyecto "más ambicioso" es la plataforma 'Vereda' para la teletramitación, cuya implantación está muy avanzada, y ha achacado la "sensación de lentitud" a su funcionamiento en modo web.

Y en el ámbito de los nuevos equipamientos judiciales, el presidente del TSJC ha señalado que pese las mejoras y proyectos en marcha en distintos municipios, el "más necesario" es la dotación de edificios judiciales en Santander y futura sede del Instituto de Medicina Legal, "necesidades imprescindibles cuya realización es irrenunciable".

Finalmente, César Tolosa se ha referido al "intento de deslegitimar" las decisiones judiciales, "poniendo en duda la máxima de que las sentencias deben ser objeto de ejecución", más si este extremo proviene de "otros poderes públicos".

"Nadie pueda arrogarse en nuestro sistema constitucional la decisión de acatar o no, según criterios de oportunidad política, las resoluciones judiciales firmes, y mucho menos negar su legitimidad y llamar públicamente, como ha ocurrido recientemente desde el Gobierno de una comunidad autónoma, a su incumplimiento, conducta que, a mi juicio, sólo servirá para fomentar una cultura de desobediencia civil entre la ciudadanía", ha opinado.

Asignaturas pendientes

En el acto también han intervenido las vocales territoriales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Margarita Uría y Gemma Gallego, y la fiscal superior de Cantabria, María Teresa Calvo.

Gallego ha considerado que este curso judicial ha comenzado con "inquietud" por las "agobiantes" circunstancias económicas y sociales. A ello se suma, según ha dicho, que 2010 ha sido un año marcado por la "penuria presupuestaria", que "nuevamente ha impedido la adecuación de la planta judicial" a las necesidades de los juzgados y tribunales.

Al hilo de lo anterior, ha manifestado que la legislatura que concluye "deja una serie de asignaturas pendientes en Justicia", algunas de ellas de carácter "estructural" y otras "coyunturales" pero de "dificilísima solución".

También ha criticado que un proyecto de ley "importante", como el de los tribunales de instancia, no haya "visto la luz", mientras otros "de menor calado" sí han salido adelante.

Por su parte, Uría ha lamentado que los jueces laborales se haya visto sometidos a un "auténtico tsunami" de modificaciones normativas, debido entre otras cosas a que atravesamos una época "durísima" por la "grave" crisis económica que "parece imposible" que nos vaya a "abandonar".

Por último, la fiscal superior de Cantabria se ha referido a la "modernización" de la Justicia y ha considerado que esta administración debe contar con unos presupuestos "valientes y adecuados" para ofrecer un servicio "rápido, eficaz y ágil".

Al de apertura del Año Judicial acto han asistido el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego; el presidente del Parlamento regional, José Antonio Cagigas; el delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, y el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, así como la consejera del ramo, Leticia Díaz, los representantes de las corporaciones jurídicas de Cantabria, y representantes de instituciones, empresas, sindicatos, Universidad y medios de comunicación de la región, entre otros.