El ministerio fiscal ha mantenido este jueves ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que el concejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Corts, Jorge Bellver, y los cuatro funcionarios que se han sentado junto a él en el banquillo de los acusados, prevaricaron en el caso de la construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC), y ha apuntado que los "inconvenientes" surgidos en relación con la ampliación de la Clínica Quirón, pudo llevarles a "obviar" el trámite de pedir informe a la Dirección General de Patrimonio sobre la actuación.

La defensas, por su parte, han solicitado la absolución de sus clientes y han lamentado el "daño irreparable" que se ha hecho tanto al edil como a los funcionarios. El abogado de tres de ellos ha solicitado la condena en costas de la acusación por "temeridad y mala fe", mientras que la letrada de Bellver ha apuntado que el origen de la proceso es la denuncia de la asociación Cercle Obert, que apoya opciones distintas al grupo político que está al frente del consistorio, por lo que son "adversarios políticos". "Ése es el origen de la denuncia, se utilizó el derecho penal de forma espuria", ha dicho.

En esta sesión, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en las que califica los hechos de prevaricación —delito por el que pide ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público— y alternativamente prevaricación urbanística, que además lleva aparejada multa. El representante del ministerio público ha destacado que en este caso fue "decisiva y necesaria" la firma de Bellver y que en ningún momento se pidió la autorización de la Dirección General de Patrimonio, por lo que se hurtó la posibilidad de que este organismo se pronunciara sobre si la actuación era conforme a la ley.

Según ha relatado, para construir el aparcamiento, en la calle Severo Ochoa se retiró pavimento, arbolado, se colocaron carteles, se hizo una excavación y un muro pantalla a entre 15 y 20 centímetros del muro del BIC del Jardín de Monforte "sin evaluar las consecuencias que se pudieran derivar de ello", a pesar de que la ley es "taxativa y rotunda" y "no admite interpretación" en que las obras en un entorno protegido deben ser autorizadas por Patrimonio.

El fiscal, quien también ha argumentado que el Ayuntamiento no ha realizado el Plan especial de protección como obliga la Ley de Patrimonio, ha recalcado que la construcción no suponía únicamente una actuación en el subsuelo, al comprender las obras de repavimentación, y ha expuesto que también se contemplaba la protección de este espacio en el catálogo de bienes protegidos del Plan General, redactado por dos de los acusados y se acordaba la obligatoriedad de la autorización de Patrimonio en este tipo de actuaciones en el convenio suscrito en junio de 1994 entre el Ayuntamiento y Conselleria de Cultura.

El acusador público, que ha apelado a la similitud del proceso por la construcción de un hotel en el jardín de Jesuitas junto al Botánico, ha incidido en que en este caso concurren todos los elementos del tipo: los acusados son funcionarios o cargo público; existe una resolución ejecutiva y debería haber valorado Patrimonio al ser una intervención en un BIC que no tiene Plan de Protección.

Carácter "más agresivo"

El fiscal ha defendido que esta actuación tenía un carácter "más agresivo" que la ampliación de la Quirón, en la que sí que se requirió la autorización de Patrimonio y se pasó a un pleno donde asistió Bellver, y que con anterioridad los servicios centrales técnicos pidieron autorización para un ascensor y obras de mejora en el edificio del Jardín, al igual que sucedió en 2007 con la aprobación de una antena en el centro hospitalario.

El ministerio público ha hecho repaso a otras actuaciones en aparcamientos de Valencia, como los relativos a Tabacalera, Guillem Sorolla, Porta de la Mar, el del Jardín de Ayora o Velluters, donde sí hubo pronunciamientos de diferente tipo relativos al dictamen de la Comisión Municipal de Patrimonio o de la Dirección General y la participación que tuvieron los acusados. De Bellver, ha especificado que tenía "perfecto conocimiento" de que era un entorno BIC.

La defensa de Bellver ha señalado en relación con su cliente que se limitó a firmar una resolución porque le correspondía por delegación, como culminación a un expediente con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, sin que en todo el proceso se advirtiese de la necesidad de solicitar informe de Patrimonio.

En todo caso, ha dicho que a él no le corresponde decidir sobre a qué servicio se le debe exigir y que no es penalmente relevante el no haberlo hecho. No obstante, ha reclacado que no echa las culpas a ningún funcionario y ha mostrado su "sorpresa" por el "cambio de criterio de Fiscalía en otro supuesto igual: la permuta en relación con el campo del Valencia, donde no llegó a formular acusación.

Por su parte, el resto de las defensas han argumentado que el subsuelo de un entorno protegido no forma parte de un BIC, que las calles Severo Ocho y Monforte no aparecen en el catágolo municipal como bienes protegidos, ni en la web consistorial; que la actuación no es visible desde el interior del bien, que no causó daños y que no hay indicios de que los trabajos en el aparcamiento no se llevaran a cabo con todas las cautelas necesarias.

Asimismo, han negado la existencia de un "concierto de voluntades"; han señalado que las obras no se proyectaron sobre un BIC porque se hicieron "extramuros" y no hubo ni dañi no riesgo para el jardín. En esta línea, han afirmado que el proyecto pasó por Comisión informativa y pleno municipal sin oposición.