El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Corts Valencianes, Jorge Bellver, se ha mostrado convencido de que habrá una justa resolución del proceso por el que ha sido juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación a la autorización de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural, y ha defendido el trabajo de los funcionarios en cuyos informes se basa para adoptar las resoluciones que firma y que seguirá firmando.

Así lo ha asegurado al hacer uso de la última palabra en este juicio que ha quedado visto para sentencia y en el que el fiscal ha mantenido su acusación de prevaricación, por la que solicita para Bellver y los cuatro funcionarios del Ayuntamiento acusados —en diferentes grados de autoría— una inhabilitación para cargo público durante ocho años y seis meses, con la alternativa de prevaricación urbanística, que lleva aparejada también una multa.

"Creo firmemente que la política es una de las actividades más nobles a la que uno se puede dedicar", ha dicho el edil, quien ha afirmado que así lo ha hecho durante 16 años en el Ayuntamiento de Valencia y otros ocho en su pueblo, al tiempo que se ha mostrado "absolutamente convencido de que en el recto proceder de la Justicia y la política está el futuro de la democracia".

El concejal de Urbanismo ha defendido su proceder al asegurar que "nunca" se ha concertado "dolosamente" con nadie en ninguna actuación y ha expresado su confianza "plena" en la "profesionalidad e independencia" de los funcionarios del Ayuntamiento de Valencia. En este sentido, ha subrayado que todas las decisiones que ha adoptado lo ha hecho siempre en base y atendiendo a los informes de los técnicos, y se ha mostrado "convencido" de que es "la única posibilidad de que las decisiones que tome están ajustadas a derecho".

"Es la única garantía de legalidad", ha dicho, y ha añadido que va a seguir actuando de esta forma, como, según ha recalcado, ha hecho esta misma mañana cuando ha firmado resoluciones antes de asistir a la vista.

Asimismo, ha resaltado que por los "18 meses de sufrimiento" de su familia desde que se inició el proceso, por los "más de 100 titulares" que han puesto "en duda" su honorabilidad y por el "dolor" que le produce ver que el trabajo habitual de los funcionarios "se convierte en miedo" por causas como ésta, está convencido de que habrá una justa resolución del proceso.

Asimismo, ha hecho uso de su derecho a decir su última palabra en el el juicio el secretario general del Ayuntamiento de Valencia, Pedro García Rabasa, quien ha asegurado que ni ha confabulado ni ha convenido con nadie en relación con ninguna decisión que haya tenido que adoptar, que nunca ha conseguido ni transmitido consignas y ha defendido que después de "36 años de profesión", ha mantenido una actitud "coherente en derecho, más allá de posibles errores". El resto de acusados ha asegurado no tener nada más que decir.