El portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, ha asegurado este jueves que los "ajustes" del Plan Económico-Financiero de Castilla y León no afectará a los servicios esenciales, que "quedan garantizados", y ha aprovechado la ocasión para preguntar a la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, los motivos por los que no quiere publicar los datos "ciertos" de la liquidación de 2010.

Como ya cuestionó ayer la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, el portavoz ha advertido de que la no publicación de la liquidación del año 2010 "daña enormemente" a los intereses de las comunidades autónomas, "por lo menos a Castilla y León", ha puntualizado, que cuando intenta colocar deuda tiene que demostrar a las entidades que el pasado año sí cumplió el objetivo del déficit, como corrobora esa liquidación aprobada por la Intervención General del Estado.

De Santiago-Juárez ha recordado que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se comprometió a crear un grupo de trabajo para explicar adecuadamente los datos de los planes de reestructuración de cada una de las comunidades autónomas, un compromiso que no se ha llevado a cabo ante la decisión de la ministra de publicar los resúmenes de los citados planes "deprisa y corriendo" para intentar frenar a la agencia Moody*s.

"Ya que hay que informar vamos a hacerlo bien", ha defendido el portavoz de la Junta, que ha recordado que los planes económico-financieros están realizados en base a estimaciones frente a las que ya hay datos ciertos, como esa liquidación del año 2010. "Eso lo han ocultado, eso no ha interesado", ha lamentado De Santiago-Juárez, que ha insistido en que a Castilla y León "le interesa mucho" que se haga público que terminó el pasado año con un déficit del 2,26 por ciento y no del 2,29 por ciento como contempla el PEF.

En cuanto al contenido concreto del Plan Económico-Financiero de Castilla y León, el portavoz de la Junta ha asegurado que no hay muchos datos nuevos ya que ya se conocían los ajustes que se iban a realizar en personal o en la reestructuración del sector público-empresarial. "Se ha dado explicación más que sobrada", ha defendido.

Respecto al caso concreto del ajuste de 7 millones de euros en las universidades públicas, el portavoz ha asegurado que no toca el capítulo de personal y ha precisado que se notará en el retraso de algunas obras. Así, ha responsabilizado a las instituciones universitarias de los recortes de profesores asociados. "Es un problema de las universidades, no tiene nada que ver con el contrato programa firmado en marzo de 2007 que se está cumpliendo escrupulosamente", ha sentenciado.