El Juzgado de lo Mercantil de Valladolid aprueba la salida de Begar del concurso de acreedores

La sentencia da luz verde a la totalidad de la propuesta que presentó la empresa

El Juzgado de lo Mercantil número uno de Valladolid ha aprobado el convenio de acreedores propuesto por Begar Construcciones y Contratas SA, en concurso desde el pasado 25 de junio de 2009. Hoy mismo, fecha de eficacia del convenio sancionado por el juez, cesarán todos los efectos de la declaración de concurso, tal y como refleja el fallo del magistrado.

La empresa se compromete por el citado convenio al pago del 45 por ciento de la deuda, sin intereses, en un plazo de cinco años para aquellos acreedores calificados como ordinarios. El documento que ha recibido el visto bueno del juez prevé el pago de un 10 por ciento de la deuda durante los tres primeros años respectivamente, un 20 por ciento el cuarto año y un 50 por ciento el quinto y último ejercicio.

El fallo del juez establece que será la propia empresa, Begar Construcciones y Contratas S.A, la que informará al Juzgado cada seis meses sobre el cumplimiento del convenio, según informaron a Europa Press fuentes de Begar.

Tras un largo proceso de incidentes y trámites judiciales, ya el pasado 13 de septiembre Begar constató ante el Juzado la adhesión al convenio de un grupo de acreedores equivalente al 54,5 por ciento de la deuda, superando así en un 4,5 por ciento el límite que establece la Ley para este tipo de acuerdos.

Un pasivo de 261 MILLONES

En total, al final de todo el proceso, los cálculos de la empresa constructora implican el pago de alrededor del 60 por ciento de la deuda viva en la fecha de entrada en concurso de acreedores, y que se situaba en un pasivo de 261 millones de euros.

El documento aprobado ahora por la autoridad judicial recibió apoyo por el mismo órgano tras un informe de los administradores concursales donde se consideraba perfectamente viable la previsión de ingresos efectuada por Begar, tanto para las desinversiones planificados como por los ingresos generados por la actividad propia de la compañía y el cobro a sus deudores.

De acuerdo con el Plan de Viabilidad que sustenta el convenio ahora aprobado, y que contó desde el principio con el apoyo de los sindicatos mayoritarios CC.OO y la UGT mediante sendos comunicados hechos públicos, la constructora prevé alcanzar en el plazo de cinco años una facturación de 50 millones de euros.

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