La Comisión de Investigación sobre la fábrica de fibroyeso de GFB en Marina de Cudeyo se constituirá el próximo lunes, día 17, a las 11 de la mañana, después de que se hayan rechazado los recursos presentados por los grupos Socialista y Regionalista, según ha decidido este este jueves la Mesa del Parlamento.

Los recursos se han rechazado porque, según ha explicado a Europa Press el presidente de la Cámara cántabra, José Antonio Cagigas, se basaban en dos motivos que no se comparte.

El primero, el "error" de alegar que los grupos no habían recibido el acuerdo del pasado viernes, en la que se aprobó tanto el número de miembros (siete) como su duración (dos meses). Cagigas ha referido que en realidad sí recibieron el acuerdo, como demuestran los registros parlamentarios, firmados por los representantes de los partidos.

Y el segundo se basaba en la interpretación del Reglamento del Parlamento de Cantabria. PSOE y PRC consideraban que era necesaria una resolución del Presidente, una vez oída la Junta de Portavoces. Pero Cagigas, tras consultarlo con los servicios jurídicos, entendió que no era necesario y que lo que hacía falta es que decidiera la Mesa.

Así las cosas, la Comisión de Investigación que estudiará, a propuesta del PP, las actuaciones relacionadas con la fábrica de fibroyeso, tendrá siete miembros que reproducirán el esquema de representación en el Parlamento y trabajará durante dos meses, de acuerdo al mismo modelo que tienen las comisiones de carácter ordinario.

De este modo, por parte del PP habrá cuatro miembros: el portavoz parlamentario Eduardo Van den Eynde; la alcaldesa de Marina de Cudeyo, María Antonia Cortabitarte, que en la anterior legislatura presentó numerosas iniciativas relacionadas con la fábrica; y los diputados Julio Bartolomé y Carlos Bedia.

Por parte del Grupo Regionalista habrá dos miembros en la Comisión: Rosa Valdés y Rafael Pérez Tezanos; y del Socialista el representante será el diputado Juan Guimerans.

Todos se reunirán el próximo lunes, para la sesión de constitución, en la que se elegirá el presidente de la Comisión, junto al vicepresidente y el secretario; y se hablará sobre el plan de trabajo que seguirá durante los próximos dos meses.

El plan de trabajo —que no tiene por qué cerrarse ese mismo lunes— incluye tanto la definición de la documentación que se solicite, como los nombres de las personas a las que se pedirá que comparezcan, que deberán hacerlo obligatoriamente, ya que no comparecer ante una Comisión de Investigación es considerado delito.

La petición de esta Comisión ha partido del PP, que quiere conocer los motivos por los que se impulsó desde el Gobierno un proyecto industrial, ahora en fase de liquidación concursal, tras un ERE que afectó a sus trabajadores sin llegar a comenzar la actividad y una inversión estimada en 67 millones de euros.