El Gobierno regional y el Parlamento de Cantabria presentarán alegaciones contra la admisión a trámite de la cuestión de constitucionalidad presentada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ante el Tribunal Constitucional sobre la conocida como Ley de Derribos.

Este texto, aprobado por unanimidad en la Cámara autonómica la pasada legislatura, garantiza el cobro de las indemnizaciones a los propietarios de viviendas afectadas por sentencia firme de derribo en la costa cántabra, pero antes de que se produzca efectivamente el daño, esto es, la demolición.

Es una ley que el Gobierno ve "constitucional" y "justa", según ha defendido en declaraciones a Europa Press el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández.

El titular de Urbanismo, en consecuencia, afronta con "tranquilidad absoluta" este trámite, que, por otra parte, ha precisado, es un paso "absolutamente lógico y esperado" cuando se plantea una cuestión de Constitucionalidad.

De modo que las partes, entre ellas Gobierno y Parlamento, pueden presentar ahora sus alegaciones, y, mientras tanto, la Ley de Derribos goza de "presunción de constitucionalidad", por lo que se "seguirá aplicando".

Fernández ha reivindicado que la ley sigue "vigente" y sigue siendo "aplicable", algo que los poderes públicos tienen "obligación" de hacer.