La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), que aglutina a buena parte de las familias afectadas por sentencias de demolición en Cantabria, ha reiterado su "convicción" de que la Ley de Derribos "respeta los principios constitucionales, y sobre todo que es un gran avance en las garantías de los ciudadanos en sus reclamaciones ante las Administraciones".

Tras la admisión a trámite por el Tribunal Constitucional de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el TSJ de Cantabria sobre la conocida como Ley de Derribos, aprobada por el Parlamento en el mes de abril por unanimidad y que obliga a indemnizar a los afectados antes de la demolición, AMA ha pedido a la Cámara que defienda sus competencias legislativas, "que son las de todos los que pertenecemos a esta Comunidad".

La admisión a trámite del TC se ha conocido un día después de la comparecencia del consejero de Urbanismo, Javier Fernández, ante el Pleno del Parlamento, a petición propia, para informar del Plan de Derribos, comparecencia que fue seguida en directo por una representación numerosa de AMA y en la que por parte de todos se aludió a las sentencias de derribo como el problema más importante de Cantabria por el daño económico y social.

Un día después del debate, AMA ha reiterado que el consenso es "un valor positivo ante situaciones tan graves", y ha pedido a todos los grupos parlamentarios "el esfuerzo necesario para seguir por la senda de ese consenso con el que se han aprobado las leyes que son hoy la base para las posibles soluciones".

En este sentido, afirma que "nadie como nuestro Parlamento ha sido capaz de ver el sufrimiento y la injusticia cometida como nuestras familias", y añade que sus proposiciones y sus leyes son "la esperanza de un futuro mejor para todos".

Después de "un largo camino lleno de disgustos, miedos, abandonos, sufrimiento e incomprensiones", AMA afirma que "reconocer el grave daño que se ha cometido y está cometiendo con cientos de familias es hacer un ejercicio de justicia" con este colectivo, por lo que pide "sensibilidad a todas las instituciones para acabar con tanto dolor".

Sobre el Plan de Derribos del Gobierno y los Ayuntamientos afectados, señala que esta "hoja de ruta" puede ser "una oportunidad, pero si deja a familias tiradas, con sus viviendas derribadas, y sin llegar a acuerdos con las mismas, no estará cumpliendo la ley", advierte.

Por otro lado, subraya que "siempre que hay un problema tan grave hay culpables y responsables", y considera que "es un ejercicio democrático identificar a los mismos, aunque sólo sea para que no los puedan repetir y para que hechos como los relatos no vuelvan a suceder".

En este sentido, AMA reclama el derecho a conocer "los nombres de quienes han hecho tanto daño a nuestra comunidad, y a que los mismos paguen por las responsabilidades que han podido cometer, sean penales, civiles o administrativas e incluso las posibles negligencias cometidas".

Apoyo a las familias de cerrías

Al mismo tiempo, AMA pone de manifiesto su "gran preocupación" por la situación de las familias de Cerrías (Piélagos) cuyas viviendas están abocadas al derribo, "lo que ya está produciendo un daño moral considerable en las mismas, viviendo una situación de incertidumbre tremendamente injusta".

AMA ha afirmado que "no dejará sin amparo y ayuda a ningún afectado" y ha convocado un acto de apoyo a estas familias el sábado 22 de octubre en Cerrías, concretamente en la zona de Calas del Norte, donde se encuentran las primeras viviendas que pueden ser derribadas.