Una juez del Registro Civil de Barcelona somete a cuestionarios de cultura general española a algunos aspirantes a acceder a la nacionalidad, una práctica que los abogados de extranjería consideran contraria a la ley, ha indicado la Asociación Catalana de Profesionales de la Extranjería (ACPE). La abogada Olga Hernández, de la ACPE, ha explicado que el cuestionario no se aplican de forma genérica a todos los extranjeros, sólo a determinados aspirantes, a los que la juez obliga a responder verbalmente el examen a través de un funcionario.

Según la asociación, la juez que somete a algunos inmigrantes al cuestionario denunciado es la juez María del Mar Ortega. La juez, si bien admite que somete a ciertos extranjeros a algunas preguntas para conocer su nivel de integración y conocimiento de la lengua, afirma que ella no recurre al citado cuestionario sobre cultura general, que atribuye a una colega suya que la sustituyó mientras ella estaba de baja.

En declaraciones que ha hecho llegar a través de un portavoz del Tribunal Superior de Justicia, Ortega ha señalado que hace las preguntas sólo cuando aprecia desconocimiento de la lengua y la cultura. También ha dicho que hace estas preguntas a raíz de una recomendación que hizo el Registro Civil Central, con sede en Madrid, para pedir informes más exhaustivos sobre el conocimiento de la lengua y la integración en el país de los aspirantes.

Ha agregado que del resultado de este examen hace un informe que es remitido al Registro Central donde se decide en última instancia si se concede o no la nacionalidad. Según ha indicado el diario El País, el cuestionario que han denunciado los abogados incluye preguntas de historia y otras relacionadas con la cultura. La introducción de este cuestionario ha hecho que empiecen a circular "chuletas" con las respuestas al test entre los aspirantes a la nacionalidad española

Por el momento, los letrados no han tenido constancia de ningún caso en que se haya denegado la nacionalidad a algún aspirante por no responder el examen, pero la abogada Hernández advierte de que, aunque la ley no prevé ese cuestionario, podría dar lugar a un informe desfavorable que dificultaría el proceso de naturalización. La letrada recuerda que, para obtener la nacionalidad española, el Código Civil sólo exige un determinado tiempo de residencia legal (que varía en función del origen del extranjero), pacífica y continuada en el Estado.