A preguntas de los medios de comunicación minutos antes de empezar el Pleno del Parlamento, Arasti ha explicado que el anterior Gobierno "nos ha metido en un lío jurídico difícil de desembrollar", y ha señalado que ahora, los servicios jurídicos de la Administración regional tendrán que estudiar todos los pormenores de la sentencia y "seguir el camino" más favorable a los intereses de Cantabria.

Frente a la "inseguridad jurídica" de la anterior etapa, el consejero ha reiterado que el Gobierno del PP apuesta por "criterios de sostenibilidad y de seguridad jurídica, por conseguir el máximo consenso posible, no sólo con el resto de partidos, sino también con empresarios, asociaciones, y toda la sociedad en general, y también por criterios técnicos, como por ejemplo -ha dicho- de coordinación con lo que se hace en cuanto a la planificación a nivel estatal".

La sentencia del TSJC que ha anulado los proyectos de ejecución de los parques eólicos de Somballe y Lantueno, en los términos municipales de Santiurde de Reinosa y Campoó de Enmedio, respectivamente, aboga por una evaluación de impacto ambiental de forma conjunta en los parques eólicos cuando se encuentren próximos a otros en la misma zona, como en este caso, donde esos dos proyectos se sumaban a otros dos.