La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sancionado con un total de 544.000 euros a seis organizaciones relacionadas con el sector de la uva y el mosto de Jerez, entre ellas el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez, por haber llevado a cabo una práctica concertada para fijar precios entre 1991 y 2009.

En concreto, la Federación de Bodegas del Marco de Jerez ha recibido la mayor multa, de 300.000 euros, mientras que el Consejo Regulador ha sido sancionado con 108.000 euros, informó el organismo en un comunicado.

También han sido multadas la cooperativa Aecovi, con 60.000 euros; la Asociación de Empresarios Viticultores de Cádiz (Asevi-Asaja), con 30.000 euros; la Asociación de Artesanos del Jerez y la Manzanilla (Arjeman), con 24.00 euros, y la Unión de Agricultores y Ganaderos de Cádiz (UAGA-COAG Cádiz), con 22.000 euros.

El Consejo de la CNC, en su resolución de 6 de octubre, considera acreditado que entre abril de 1991 y marzo de 2009, en el Marco de Jerez y en el ámbito de acuerdos sobre Planes de Reconversión sectorial o Planes Estratégicos para el Marco, los precios de la uva y del mosto de cada campaña fueron objeto de negociación entre las asociaciones de productores (cooperativas y organizaciones profesionales agrarias) y las asociaciones empresariales de los transformadores o bodegueros.

Además, declara que la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía es responsable, junto a las asociaciones imputadas en el expediente, de una infracción de la normativa de competencia, por su participación en los acuerdos de fijación de precios de la uva y el mosto de Jerez desde septiembre de 2002 hasta, "al menos", julio de 2007.

A pesar de no imponer sanción en el caso de la Administración regional, Competencia considera probado el "papel activo" de la Consejería en la organización y vigilancia de la adecuada ejecución del acuerdo de fijación de precios, "contribuyendo considerablemente a su mantenimiento en vigor y, por lo tanto, a restringir grave y prolongadamente la competencia en dicho mercado".

Por primera vez resposabiliza a una administración pública.

"La ausencia de pronunciamientos previos por parte del Consejo de la CNC en los que, por una infracción de la normativa de defensa de la competencia, se reconociese la responsabilidad de una Administración pública, supone un cambio de criterio que ha sido tomado en consideración a la hora de determinar la procedencia de no imponer una sanción pecuniaria a la Junta", agregó el organismo.

En relación con esta declaración de infracción de la Consejería de Agricultura y Pesca ha formulado voto particular una consejera de la CNC.

Según explicaron a Europa Press en fuentes de la Comisión, la consejera entiende que a la Consejería no se le puede aplicar la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) porque no interviene como operador privado —requisito para que sea de aplicación la LDC a los poderes públicos y otros entes distintos de las empresas—, sino en el marco de sus prerrogativas públicas.

En su opinión, en lugar de imputar y no imponer sanción, se deberían haber archivado las actuaciones contra la Junta por no ser un sujeto al que se le pueda aplicar la LDC en estas circunstancias.