EQUO Cantabria teme que el convenio firmado por el Gobierno regional y la Federación de Municipios de Cantabria (FMC) para agilizar la construcción de viviendas unifamiliares en suelo rústico introduzca "nuevos elementos de preocupación al desorden y a la inseguridad jurídica que caracterizan al urbanismo de Cantabria".

Para EQUO, las "prisas" por sacar adelante una nueva reforma de la Ley del Suelo, antes de aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT), evidencia un "inquietante interés por favorecer la construcción masiva e indiscriminada en suelo rústico", porque, afirma la formación en un comunicado, en estos momentos ya existen "amplias posibilidades" para hacerlo tras la reforma aprobada en 2009.

En este sentido, EQUO Cantabria sostiene que la proliferación de segundas residencias en suelo rústico imposibilitaría la puesta en marcha de futuros planes de desarrollo rural que generen empleo y el incremento de la población rural, además de provocar un deterioro importante del paisaje rural y dificultar y encarecer la disposición de servicios y dotaciones como electricidad, agua y saneamientos.

Ante este "oscuro panorama", EQUO apuesta por dar un "giro profundo" a la política territorial y urbanística de Cantabria, pasando en primer lugar por la aprobación de un PROT que asigne el uso del suelo con criterios racionales y de sostenibilidad ambiental, pero también anteponiendo el interés general y el estricto cumplimiento de la ley a cualquier otra consideración.

Además EQUO Cantabria advierte que la disposición de suelo "no es infinita" y que los ecosistemas que alberga son "fundamentales e irreemplazables" para la sociedad, por lo que apuesta por reducir la urbanización dispersa y difusa en el territorio por motivos energéticos, agro-productivos, sociales, económicos y ambientales.

Por último, EQUO critica que la propuesta del Gobierno regional y la Federación de Municipios "va por el camino de la insostenibilidad y de espaldas a los objetivos internacionales para luchar contra los efectos del cambio climático", un compromiso que debería estar presente en todas las acciones de las administraciones cántabras, en cumplimiento de los Tratados de la Unión Europea y de la Estrategia Territorial Europea, dice.