El Tribunal de Cuentas ha exculpado al gobierno local de Pedro Acedo, del PP, de diez casos de "presunta responsabilidad contable" en la legislatura de 2003 a 2007, por los que fue denunciado en 2009 por el equipo de gobierno socialista anterior.

La denuncia fue presentada por el Ayuntamiento de Mérida, gobernado entonces por el socialista Ángel Calle, el 12 de junio de 2009 y se basaba en los resultados de una auditoría encargada por el consistorio a la empresa ATD (Auditores del Sector Público SL), que establecía una decena de puntos de "presunta responsabilidad contable".

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Fernando Molina, ha explicado que de esos diez puntos, seis estaban relacionados con la gestión de la Empresa de Transportes Urbanos de Mérida y cuatro se referían a actuaciones urbanísticas llevadas a cabo por el equipo de gobierno del PP, encabezado por Pedro Acedo, entre 2003 y 2007.

Ahora la sentencia dictada por el Tribunal de Cuentas, de fecha 27 de septiembre de 2011 recoge que los 10 supuestos de la auditoría "no reúnen los requisitos establecidos en los artículos 49, 59.1 y 72 de la Ley 7/1988 de 5 de abril de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas para generar responsabilidad contable por alcance".

Responsabilidad por daños morales

El portavoz municipal del Ayuntamiento de Mérida, Fernando Molina, ha celebrado que el Tribunal de Cuentas "viene a poner las cosas en su sitio" y "desmonta" los argumentos que el PSOE "se sacó de la chistera" sobre la gestión del PP en esa legislatura.

Y es que, a juicio de Molina, esta auditoría en la que se basa la denuncia, fue "encargada tendenciosamente" por el PSOE, "tiene una tendencia clara" y según ha apuntado, costó a las arcas del ayuntamiento de Mérida cerca de 100.000 euros "de todos los ciudadanos".

"Por fin termina esta trama judicial totalmente politizada desde el PSOE para hundir al PP con patrañas, excusas, mentiras y argumentos que esta sentencia desmonta", ha valorado Molina, quien ha señalado que el PSOE actúa de esta forma "movido por el rencor para obtener rédito electoral".

En cualquier caso, el portavoz municipal ha advertido de que "habrá personas que tendrán que responder por los daños morales" que se han causado, tanto a los responsables políticos como a los técnicos del ayuntamiento a los que se acusó.

También tendrán que responder, ha anunciado Molina, por el gasto de "100.000 euros de dinero público en época de crisis con este resultado", un gasto "innecesario", así como del "desgaste político, humano y personal".

Por todo ello, Molina ha instado a "dar la cara" en este asunto tanto al entonces alcalde de Mérida, Ángel Calle, como al secretario general del PSOE en la capital extremeña, Ignacio Sánchez Amor.

Finalmente, y una vez conocida la sentencia del Tribunal de Cuentas, Molina ha explicado que ahora queda pendiente un proceso en el juzgado, en el que "la presunción de inocencia es prevalente", ha aseverado.