El Partido Popular defenderá una proposición no de Ley en el Pleno del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a establecer un calendario de pagos a los centros concertados de Educación Infantil "que evite los retrasos y el consiguiente perjuicio para dichos centros y sus trabajadores".

En la iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara y a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP reclama en primer lugar al Ejecutivo andaluz la creación de una "una red pública de centros de Educación Infantil equilibrada y accesible para todas las familias andaluzas, al margen del lugar en donde vivan", así como la revisión del decreto 149/09, de 12 de mayo, para "evitar el quebranto económico de los centros privados-concertados y los de iniciativa social".

Según los populares, "la demanda generalizada de plazas de guardería ha sido una reivindicación constante de las familias andaluzas en los últimos años para reclamar mayor oferta, más equilibrio y más cercanía con sus domicilios o centros de trabajo que les permita compatibilizar la vida familiar y laboral".

Sin aumento de la red pública de centros

En este sentido, el PP-A señala que "la Junta ha venido prometiendo un aumento sustancial de la oferta de plazas de Educación Infantil de cero a tres años, que se está atendiendo a duras penas, con la colaboración de los centros privados-concertados, sin que la Consejería de Educación haya aumentado sustancialmente la red pública de centros".

De acuerdo con los datos del Grupo Popular, la Junta solo ha incrementado su red "en una treintena de centros en los últimos cuatro cursos", de forma que el porcentaje de centros de Educación Infantil de cero a tres años pertenecientes a la Junta "no supera el 15 por ciento del total", mientras que "el resto son gestionados a través de convenios suscritos con diversas entidades colaboradoras tanto de titularidad pública (ayuntamientos) como privada".

Junto a ello, el PP considera "muy preocupante el desequilibrio del actual mapa de centros", ya que pone de manifiesto que, "a día de hoy, la Junta no tiene capacidad para ofertar plazas suficientes en ninguno de los 769 municipios de Andalucía, incluidas las capitales de provincia, y solo un 25 por ciento de los municipios andaluces tienen la suerte de ofertar plazas en más de una guardería pública o concertada".

"financiación claramente insuficiente"

Otro aspecto criticado por el PP-A es el decreto 149/09 que regula los centros educativos que imparten el primer ciclo de Infantil de cero a tres años, ya que denuncia que su aplicación "ha generado una preocupante problemática en el funcionamiento de los centros privados-concertados" derivada de una "financiación claramente insuficiente de los puestos escolares conveniados es claramente insuficiente"; de la "obligatoriedad de poner a disposición de la administración educativa todas las plazas disponibles en los centros, sin que este hecho suponga asegurarse la financiación total de las mencionadas plazas", y la "exigencia de que los centros permanezcan abiertos durante los periodos vacacionales de Semana Santa y Navidad, sin la consiguiente cobertura económica".

"Este hecho ha provocado desconcierto, malestar y desánimo en los responsables de estos centros, en su mayoría pequeñas empresas y cooperativas con recursos bastante limitados, entre otras cosas por la negativa de la Consejería de Educación de abordar el problema y buscar soluciones", subrayan los populares, que lamentan que "a la Consejería de Educación solamente le importa alcanzar como sea el número de plazas de Educación Infantil prometidas en su día, sin reparar en los daños colaterales que este hecho provoca en economías modestas".

Por último, el PP-A advierte de que, "hasta la fecha, los desfases que se están produciendo se solventan a costa de los salarios de los cooperativistas y profesorado, ya que los 278,8 euros por plaza —incluido comedor y aula matinal— escasamente dan para cubrir gastos" y alerta de que "esta situación se ha agravado en los últimos meses por los retrasos injustificados en el pago a los centros concertados por parte de la Junta de Andalucía".