El objetivo del contrato territorial se centra en el reconocimiento y la retribución al titular de las explotaciones por las "externalidades positivas", no remuneradas por el mercado, que las explotaciones genera.

En concreto, se valoran todos los efectos y bienes públicos generados que repercuten favorablemente sobre bienes o fines de carácter público, al margen del interés o beneficio que puedan suponer para la propia explotación, contribuyendo a mejorar de forma significativa los aspectos económico, social o ambiental que describen la sostenibilidad del territorio.

Con esta normativa, se busca orientar los contratos territoriales hacia finalidades concretas como evitar la despoblación del medio rural o implantar una actividad agraria multifuncional que contribuya a la vertebración y reforzamiento de la cadena de producción, transformación y comercialización de bienes o servicios.

Este instrumento podrá repercutir, asimismo, en la mejora de la calidad, la consolidación de mercados locales, la formación, la reducción de insumos o la mejora en la gestión de los residuos, subproductos y emisiones.

Crear y conservar empleo.

Otra de las finalidades es crear y conservar el empleo en el medio rural, reduciendo su temporalidad y fomentando su calidad y seguridad, la igualdad, la conciliación, la fijación al territorio de mujeres y jóvenes, y la integración en la vida laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión.

Entre las explotaciones susceptibles de suscribir contratos territoriales se han incluido las de naturaleza agrícola, ganadera, forestal o cinegética, para aprovechar al máximo las posibilidades de generación de externalidades positivas del medio rural español.

Con esta norma, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino plantea configurar y consolidar la figura del contrato territorial, que se constituye como el instrumento formal para materializar los compromisos que voluntariamente adopta el titular de una explotación agraria con objeto de generar externalidades positivas en los ámbitos social, ambiental y económico, que trasciendan de la propia explotación y que repercutan favorablemente sobre bienes y fines de interés público.

El Real Decreto prevé que cada año, con la información que faciliten las comunidades autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino elabore un informe nacional sobre el estado de aplicación de los contratos territoriales, como principal instrumento para su seguimiento.

Por otro lado, el Real Decreto hace referencia a los contratos territoriales de zona rural previstos en la Ley de 13 de diciembre de 2007, que se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible aprobado por el Gobierno en aplicación de dicha Ley y tienen por ámbito territorial específico las zonas rurales incluidas en dicho programa a iniciativa de las comunidades autónomas. A estos contratos les serán de aplicación las disposiciones generales contenidas en este Real Decreto.