El Pleno del Parlamento ha aprobado este jueves una proposición no de Ley del PSOE-A, que fue apoyada por el PP-A y contó con la abstención de IULV-CA, en la que insta a la Junta a demandar al Gobierno central que exija ante la Comisión y el Parlamento Europeo, ante la próxima reforma de la PAC, el mantenimiento del presupuesto que actualmente llega a Andalucía —de 1.600 millones de euros anuales en ayudas directas—, así como las tasas de cofinanciación.

La Cámara ha instado también a la Junta a que plantee al Ejecutivo nacional que, ante ese proceso de reforma de la PAC, demande que las regiones tengan la necesaria subsidiariedad en la aplicación de la Política Agraria Común, de forma que se posibilite la adaptación del modelo de las ayudas a las necesidades de los sectores y territorios de nuestra comunidad, proporcionando el adecuado reconocimiento a la singularidad y especificidad de nuestro modelo de cultivos.

Para la Cámara, es necesario que el Gobierno central defienda enérgicamente el sistema de las ayudas directas, ya que éstas resultan esenciales para asegurar una producción sostenible, respetuosa con el medio ambiente, y que a su vez garantice la generación de empleo y rentas en las zonas rurales.

Además, ha planteado que se rechace firmemente la aplicación de una ayuda homogénea o tasa plana, defendiendo la necesidad ineludible de que se tengan en cuenta la diversidad productiva y las características específicas de cada territorio andaluz, apostando por el establecimiento de criterios de diferenciación objetivos y no discriminatorios, que reflejen adecuadamente la diversidad de nuestros sistemas agrarios, a la hora de determinar el nivel de ayudas que reciban los agricultores para poder mantener su actividad.

En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE José Luis Blanco ha planteado la necesidad de que el Ejecutivo nacional apoye un sistema de ayudas directas progresivo y modulable a partir de determinados niveles, teniendo en cuenta, para su determinación, condiciones especiales para la agricultura asociativa; respalde la propuesta de limitar el apoyo a los agricultores en activo, pues las ayudas deberían tener en cuenta el ejercicio efectivo de la actividad agraria, y demande la implantación de estrategias que mejoren el apoyo específico a la incorporación efectiva de jóvenes agricultores a la actividad agropecuaria, como un instrumento para mejorar el relevo generacional.

El Parlamento también ha instado a la Junta a demandar al Gobierno central que exija el establecimiento de un periodo transitorio suficiente, de modo que permita una adaptación de las explotaciones a cualquier posible cambio en la distribución actual de las ayudas directas, y que defienda el mantenimiento de los mecanismos de gestión de modo que se correspondan con la realidad del mercado, incorporando medidas como la actualización automática de los precios de activación del mecanismo de almacenamiento privado en el aceite de oliva, de manera que puedan responder con agilidad y de forma adecuada, ante las dificultades vinculadas a la volatilidad de los mercados y a las crisis coyunturales.

Para los socialistas, según ha expuesto Blanco, es fundamental que el Ejecutivo español demande ante las instituciones de la UE mejoras en los mecanismos de gestión de crisis, especialmente en los productos más sensibles, a través de medidas que permitan adaptar el sistema de prevención y gestión de crisis, y que exija la revisión y adecuación del actual marco normativo de competencia, con el objetivo de favorecer un mejor funcionamiento de la cadena alimentaria, facilitando la aplicación de mecanismos tales como los acuerdos de moderación de márgenes y medidas de concentración de la oferta.

Asimismo, Blanco ha planteado, en virtud de la iniciativa de su grupo, que el Gobierno central defienda las políticas de desarrollo rural; exija la incorporación de medidas que permitan mejorar la gestión y agilidad de las ayudas, y que, en relación con los intercambios comerciales con terceros países, plantee la necesidad de reciprocidad en las condiciones de producción a los productos importados, de que se articulen compensaciones para los sectores afectados por las nuevas concesiones y de que se asegure el cumplimiento de los acuerdos, en particular el control aduanero por parte de la Unión Europea.

"Hay que tener serenidad y fortaleza en todos los niveles de la negociación", según ha señalado Blanco, quien ha apelado a la necesidad del consenso en el Parlamento en defensa de los intereses andaluces. CONSENSO,

Pero "no imposición"

Por su parte, la diputada del PP-A María Dolores Calderón ha manifestado que el primero que planteó un pacto en defensa de los intereses de Andalucía ante la UE ha sido el presidente del PP-A, Javier Arenas, y ha criticado que cuando el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, ha ido a Bruselas no ha hecho una firme defensa de los intereses de esta comunidad.

Ha manifestado, ante la reforma de la PAC, la situación en estos momentos es "bastante mala" para esta tierra, con lo que, a su juicio, hay que seguir trabajando mucho y, sobre todo, buscar el consenso de la Cámara. Ha lamentado que, sin embargo, el PSOE-A no quiera consenso, "sino imposición" y ha querido dejar claro que el PP siempre va a defender los intereses andaluces.

El parlamentario de IULV-CA Juan Manuel Sánchez Gordillo ha manifestado que sí es necesaria la unidad en defensa de los intereses andaluces o para que las ayudas vengan en función del cuidado del empleo o del medio ambiente, pero no para que "nos pongamos de rodilla delante de los mercados y sus caprichos".