Rafael Rodríguez Fuentes, extrabajador de 'Muebles de Madera Promi' y prejubilado con cargo a un expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral (SAL) 'Saldauto', pese a que jamás ha trabajado en ella, ha declarado este jueves ante la juez Mercedes Alaya, que "no sabe lo que es un ERE" aunque figurase en el comité de empresa, que "no leyó" la póliza de seguro de rentas que firmó para adherirse precisamente a un expediente de regulación de empleo y que la Junta de Andalucía le ha "metido en un ERE que no es el suyo". La juez atribuye a este hombre el cobro de 376.404,54 euros a razón de 1.800 euros mensuales y "a sabiendas de que no le correspondían".

La juez Mercedes Alaya investiga una presunta trama de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas andaluzas y financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. Concretamente, mediante un acuerdo rubricado entre la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), durante los últimos años la segunda de las instituciones habría librado 647.869.157,45 euros para la reestructuración de empresas en crisis con cargo a la partida 31L, fórmula supuestamente ajena a la Ley autonómica de Hacienda Pública y la fiscalización administrativa.

Las ayudas libradas mediante este método, ni siquiera publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), constituyen según la Policía Judicial un "incumplimiento flagrante" de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. Hasta el momento, la Consejería de Empleo ha detectado un total de 72 prejubilaciones totalmente falsas, extremo que investiga la citada instancia judicial.

El ere de saldauto

En el marco de estas diligencias, este jueves ha prestado declaración, en calidad de imputado por presuntos delitos de tráfico de influencias, obtención ilegal de ayudas públicas, malversación y prevaricación, el extrabajador de la empresa de Cabra (Córdoba) Rafael Rodríguez Fuentes, quien además fue miembro del comité de empresa de la citada compañía. El imputado, según el acta de declaraciones recogida por Europa Press, ha relatado que en marzo de 2005 fue despedido a manos de Promi y que, meses después, tuvo conocimiento de que la empresa había puesto en marcha un ERE.

Ha declarado que la secretaria del por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, —uno de los principales imputados en la causa dado su papel—, "le llamó personalmente para decirle que conocía su situación y que según Guerrero, tenía derecho a entrar en el ERE". "El señor Guerrero estaba muy comprometido con la empresa", ha dicho. Y es que en una reunión posterior, y siempre su versión de los hechos, Francisco Javier Guerrero le habría trasladado que tanto él, como otro extrabajador de Promi llamado Antonio González Pérez, quien este jueves no ha comparecido como imputado por un error en su notificación de llamamiento, "tenían derecho a entrar en el ERE" de esta empresa de Cabra pese a que cuando el procedimiento nació ninguno de ellos trabajaba ya en la empresa.

Ni leyó la póliza

En un nuevo encuentro, Rodríguez Fuentes firmó una póliza de seguro de rentas que "no leyó" y en la que no figuraría un tomador, según él. Gracias a esta póliza de seguro de rentas, asociada al ERE promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral sevillana 'Saldauto' según la investigación, este hombre percibió 376.404,54 euros a razón de 1.800 euros mensuales. Rodríguez Fuentes ha negado además conocer al actual diputado autonómico del PSOE Ramón Díaz, por aquellos momentos asesor de Francisco Javier Guerrero.

De cualquier modo, y a preguntas de la Fiscalía, ha declarado que "no sabe lo que es un ERE, porque sencillamente "le dijeron que un ERE es cuando la empresa estaba en quiebra y trataba de salvarse a los trabajadores". Así, Rafael Rodríguez ha calificado de "bochornoso" el asunto ante la juez Mercedes Alaya, pues según sus palabras, "la Junta lo ha metido en otro ERE que no es el suyo y no se considera culpable". Francisco de Paula Hernández Diánez, cuya prejubilación también fue financiada con cargo al ERE de 'Saldauto' pese a no formar parte de la plantilla, se ha acogido por su parte a su derecho a no declarar.