La Junta de Castilla y León ha avanzado el contenido del anteproyecto de Ley de Medidas Financieras para 2012 en la que se establece la creación de una nueva tasa mediante la que los ciudadanos deberán abonar una parte del coste del servicio de emergencias 112 en aquellos casos en los que los incidentes de produzcan por conductas imprudentes, además de establecer una deducción del 7,5 por ciento el IRPF en la compra de la primera vivienda nueva.

Así lo ha avanzado este jueves la consejera de Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, quien ha comparecido junto al consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En concreto, Del Olmo se ha referido a la puesta en marcha de esta tasa denominada de 'Protección Ciudadana' que está dirigida a evitar la realización de actividades imprudentes o peligrosas que ocasionan "cuantiosos dispendios" a la Administración. "El objetivo no es recaudatorio sino disuadir de conductas imprudentes", ha explicado Del Olmo, quien ha aclarado que se cobrará parte del coste del servicio de emergencias y que puede alcanzar los 1.947 euros por hora en el caso de que se haya tenido que movilizar un helicóptero.

De este modo, los ciudadanos sólo tendrán que asumir parte del coste de los servicios de búsqueda y rescate en aquellos casos en los que no se hayan atendido a los boletines, partes de avisos de alerta, de predicción meteorológica o por no llevar el equipamiento adecuado para la actividad.

Por otra parte, la Junta prevé implantar en 2012 siete nuevas ventajas fiscales, por lo que se alcanzarán un total de 50, ya que, como ha incidido la consejera de Hacienda, el próximo año se mantendrán todos los beneficios. Una de las acciones más destacadas es la deducción del 7,5 por ciento en el IRPF en la compra de la primera vivienda nueva con el fin de impulsar la actividad de la construcción.

Esta deducción se aplicará durante los cinco primeros años de la compra y tendrá un límite de inversión deducible de 9.040 euros anuales, lo que, según los cálculos de la Junta, puede suponer unos beneficios a los ciudadanos de siete millones de euros por la adquisición de unas 26.000 viviendas.