La consejera para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, ha contrapuesto este jueves las "prioridades" que demuestran en materia social los Ejecutivos de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Castilla-La Mancha, Madrid o la Comunidad Valenciana, con las que tiene, a su juicio, el Gobierno socialista andaluz, que "con las mismas circunstancias económicas sigue priorizando todo lo que tiene que ver con la atención a las personas".

En declaraciones a los periodistas realizadas en Sevilla antes de inaugurar, junto a la directora general para la Igualdad en el Empleo y contra la Discriminación de la Secretaría de Estado de Igualdad, Cristina Saucedo, el 'Foro 2011 para la Igualdad de trato y la no discriminación, Navarro ha señalado que las políticas de esas comunidades demuestran las "prioridades" de los gobiernos del PP, "que entienden que quien tenga dinero puede buscarse la vida, como lo ha hecho siempre, y quien no tenga, que espere".

En este sentido, la consejera para la Igualdad se ha mostrado convencida de que "cuando hay la más mínima recesión, donde primero se actúa es en políticas de igualdad", lo que demuestra, en su opinión, que esas actuaciones "no están consolidadas" y no hay que dar por hecho que "gobierne quien gobierne las va a respetar", porque "cada gobierno, en función de su ideología, establece sus prioridades".

Del mismo modo, Navarro ha insistido en cuestionar, como ya lo hiciera el día anterior a través de la red social 'Twitter', la decisión del Gobierno catalán que dirige Artur Mas (CiU) de congelar los conciertos con los hospitales, residencias geriátricas, de discapacitados y drogodependientes, una medida que le ha llevado a preguntarse "qué va a pasar con una persona que tenga 600 euros de pensión y necesite una plaza de residencia que cueste entre 1.600 y 2.000 euros", una cuestión a la que ella misma ha respondido matizando que "tendrá muchos problemas para poder ver atendidas sus necesidades".

Frente a esas políticas, la consejera para la Igualdad y el Bienestar Social ha contrapuesto la actitud del Gobierno andaluz, que "está dejando de hacer otras cosas, sin ninguna duda, pero cuya prioridad es conseguir que con dinero público se le pague una plaza de residencia a aquella persona que tenga una pensión de 600 euros y la necesite, como lo viene haciendo hasta ahora", ha concluido Navarro.