El proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas ha superado este miércoles el debate de totalidad en el Pleno del Parlamento andaluz, sin que se haya presentado ninguna enmienda por parte de los grupos. Se trata ésta de una normativa destinada a reforzar la capacidad competitiva y a atender las demandas de este sector estratégico en la economía regional. Andalucía es actualmente líder en número de cooperativas, con 4.400 que dan empleo a unos 50.000 trabajadores.

Según ha explicado el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, durante su intervención en la Cámara la futura norma, que sustituirá a la vigente desde 1999, introduce como principal novedad la agilización de los trámites administrativos para crear sociedades, incorporar socios, crear puestos de trabajo, mejorar la flexibilidad interna y permitir una mayor libertad en la distribución de los beneficios. Asimismo, permitirá la creación de grupos empresariales cooperativos y aumentará las posibilidades de contratar por cuenta ajena.

Ávila ha subrayado que el proyecto de Ley tiene la virtud de mantener los principios fundamentales del cooperativismo a la vez que integra otros principios nuevos cono la sostenibilidad empresarial y medioambiental, la igualdad de género, el fomento del empleo estable o el compromiso social con la comunidad. "Nuestras cooperativas", ha dicho, "tienen que ganar en competitividad", por lo que el proyecto de Ley atribuye a estas empresas más capacidad competitiva en el mercado, y atiende las demandas planteadas por los diversos sectores que constituyen el movimiento cooperativo.

En relación con la simplificación de procedimientos, ha apuntado que la ley abrirá la posibilidad de constituir una cooperativa sin necesidad de escritura pública y rebajará de dos meses a uno el tiempo de respuesta de la Administración, cuyo silencio se considerará positivo. Asimismo, se reducirán de cinco a una las autorizaciones de la Dirección General de Economía Social de la Junta y se suprimirán los requisitos del capital social mínimo (antes de 3.100 euros) y la calificación previa para la constitución.

Para facilitar la incorporación de nuevos cooperativistas, el proyecto introduce la figura del socio a prueba, pionera en España. Se establece así un periodo en el que la entidad conocerá al aspirante y éste podrá familiarizarse con el funcionamiento interno de la sociedad antes de vincularse con ella. Asimismo, las aportaciones que deba realizar el nuevo miembro se podrán fraccionar o aplazar de común acuerdo.

Con el propósito de permitir una mayor flexibilidad interna, el texto regula también diversas medidas relacionadas con el uso de las nuevas tecnologías, como las denominadas Asamblea y Consejo Rector virtuales. La norma sólo exigirá una sesión anual del máximo órgano de gestión, frente a la actual periodicidad mínima mensual. Al mismo tiempo, abre la posibilidad de sustituir éste por un administrador único, o dos solidarios en cooperativas con menos de diez socios.

En cuanto a la figura del asociado (que a diferencia del socio sólo aporta capital), el proyecto cambia su denominación por la de persona inversora y establece nuevas condiciones. Así, podrá tener hasta 49 por ciento del capital social y un 25 por ciento de los votos en la asamblea, frente al 30 por ciento y 20 por ciento que fija la norma de 1999.

De acuerdo con la nueva normativa, las personas inversoras serán tanto físicas como jurídicas y públicas o privadas, y no podrán ostentar esta condición si tienen intereses o realizan actividades de la misma índole que las propias de la cooperativa, salvo autorización expresa del órgano de administración. Tampoco podrán ocupar los cargos de la presidencia y la vicepresidencia.

Voto plural

En consonancia con el objetivo de reforzar la competitividad, el proyecto incorpora como una de sus principales novedades la regulación del voto plural para las cooperativas de servicios, incluidas las agrarias. De acuerdo con esta fórmula, de carácter voluntario y limitado, cada cooperativista podrá tener hasta un máximo de siete votos en función de su contribución productiva, no del capital aportado. Esta representación ponderada se establecerá por tramos definidos previamente.

Con la introducción del voto plural se pretende ajustar la relación entre el interés económico y la capacidad de decisión empresarial de las entidades. Su adopción se realizará por acuerdo de la asamblea general y tras su plasmación en los estatutos. Respecto a todas estas nuevas opciones de funcionamiento interno, la futura ley ofrecerá a las sociedades cooperativas libertad para adaptar sus estatutos y realizar modificaciones de una forma ágil.

El proyecto refuerza el perfil inversor de las cooperativas. En esta línea, suprime la actual exigencia de seguir destinando durante toda la vida un 15 por ciento de los resultados al Fondo de Reserva Obligatorio (FRO) cuando éste alcance la mitad del capital social.

Otra novedad es la creación de la figura del Grupo Empresarial Cooperativo, que permitirá formas de integración aún no ensayadas en Andalucía, tanto entre cooperativas como con otro tipo de entidades mercantiles. Estos grupos podrán estar liderados por una sociedad cabeza o bien articulados por sociedades en plano de igualdad. En este segundo caso, las integrantes deberán ser mayoritariamente de naturaleza cooperativa.

Además, se introduce una nueva regulación de las cooperativas de integración (constituidas por uniones con empresas mercantiles: SA, SL, SAL, SLL), de tal manera que puedan obtener los mismos beneficios fiscales que las de segundo grado (integradas por varias cooperativas). Además, las operaciones entre sociedades cooperativas pasan a considerarse como operaciones con socios, no con terceros, evitándose así también gravámenes fiscales.

Posicionamiento de los grupos

En su turno de intervención, el diputado del PP-A Francisco Delgado ha valorado "positivamente" este proyecto de ley, argumentando que recoge muchas de las reivindicaciones realizadas por su partido. No obstante, ha dicho esperar que durante el trámite de urgencia que ha otorgado a este normativa el PP-A pueda seguir aportando propuestas.

Delgado, que ha criticado que esta normativa haya tardado doce años en llegar al Parlamento, "restándose competitividad y dinamismo a las cooperativas", ha afirmado que el grupo parlamentario popular va a ayudar en todo lo que pueda durante su tramitación y que están "sensibilizados" con las demandas de este sector, "de las que los socialistas se olvidan muy pronto".

El parlamentario del PSOE-A Antonio Núñez ha destacado que se trata de un proyecto de ley "muy trabajado y muy dialogado" y ha criticado que el PP "ni siquiera se lo haya leído" porque no ha entrado en ningún aspecto concreto del mismo. Ha reprochado al PP que diga que defiende el cooperativismo y, en cambio, haya planteado una enmienda a la futura Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía planteando que se elimine la participación de la economía social representada por Cepes en órganos de las entidades financieras.

Finalmente, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Diego Valderas, ha destacado la importancia de esta normativa, "necesaria y oportuna", al tiempo que ha subrayado que Andalucía no se puede permitir "un lavado de cara" en esta materia. "Tenemos que ir a un debate de profundización y de impulso", ha afirmado el diputado de IULV-CA, quien ha señalado que más allá de una adecuación normativa, tiene que haber una clara apuesta económica en los Presupuestos de la Junta.