Un grupo de inversores en pagarés de Nueva Rumasa ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que ordene la entrada y registro de la vivienda familiar de los Ruiz-Mateos con la finalidad de recopilar toda la información que pudiera existir en los ordenadores, papeles y documentos para incorporarlos a la investigación.

Según informa el despacho Martínez Echevarría Pérez Ferrero, representante de los inversores, la solicitud responde a que la casa, situada en la zona residencial de Somosaguas (Madrid), es el domicilio social de algunas de las empresas del grupo empresarial.

Los abogados explican que todas las cartas que reciben los inversores de los Ruiz-Mateos "son remitidas desde su domicilio de Somosaguas". "Es por ello que todos los indicios apuntan a que la

dirección de todo el grupo se realiza desde dicho domicilio y que en él se encuentra toda la información de todos los afectados", afirma el despacho.

Los inversores advierten al juez que la lentitud que está tomando el proceso "está causando un grave perjuicio", ya que se está viendo cómo "poco a poco se despatrimonializan" los imputados y posibles responsables civiles "sin que finalmente vayan a tener más solución que la vía penal".

En este sentido, recuerdan a Ruz que los Ruiz-Mateos todavía no han depositado la fianza que les impuso y que ayer elevó de 13 millones de euros a 30 millones de euros.

Grave deterioro del patrimonio.

Por otro lado, los afectados alertan de que la compra de Nueva Rumasa por parte del empresario Ángel del Cabo a través de la sociedad Back in Business, anunciada el pasado 9 de septiembre, supone un "grave deterioro del patrimonio de los imputados".

Los Ruiz-Mateos anunciaron la operación mediante una carta enviada a los afectados en la que reconocían haber vendido el grupo empresarial "sin contraprestación alguna". "Es decir, se está despatrimonializando y sugiere un presunto delito de alzamiento de bienes".

El despacho ha solicitado al juez que pida a Back in Business que remita el acuerdo de compra de la compañía, así como toda la información sobre los inversores recabada a través de la página web que abrió tras anunciar la compra por un posible delito en masa.

Ruz citó ayer a declarar como imputados el próximo 18 de octubre al patriarca de la familia, José María Ruiz-Mateos; a su mujer, Teresa Rivero, y a sus hijos Zoilo y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero. Al día siguiente están citados los otros cuatro hijos varones de Ruiz-Mateos y su sobrino Zoilo Pazos Jiménez. Todos están imputados por presuntos delitos de estafa e insolvencia punible.